Peña Nieto regaló terreno de 24 mil metros en Santa Fe

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Mediante un decreto, dos días antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, donó un terreno de 2.42 hectáreas a dos empresas y dos particulares, lo que despertó ya malestar entre habitantes de esa zona que también durante años luchan porque se les reconozcan sus derechos.

De acuerdo con el diario Reforma, los lotes eran propiedad del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal (Cenid) que forma parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), mismo que los perdió sin ninguna contraprestación.

La donación se efectuó gracias a cuatro dictámenes que aprobó el expresidente, con los cuales se entregó el terreno sin contraprestaciones a los beneficiados.

Las empresas favorecidas fueron Inmobiliaria F4 y Fridman y Valls, además de las ciudadanas María Elena Trejo Guerrero y Juana Reséndiz Vázquez.

Según Reforma, los antes mencionados tenían litigios de propiedad por estos predios que se encuentran en la colonia Palo Alto de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, a 14.5 kilómetros de la autopista México-Toluca.

Pero el 28 de noviembre de 2018, Julio Guerrero Martín, presidente del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió la desincorporación.

Los nuevos dueños afirmaron que el predio lo utilizaron porque estaba en desuso; sin embargo, en el lugar había instalaciones centrales del Cenid, donde operaban corrales y áreas de aislamiento.

Los investigadores argumentaron que en el lugar arrebatado se realizaban análisis sobre salud animal y alimentaria, además de que se indagaba sobre enfermedades que se transmiten de animales a humanos.

Reforma afirma que el terreno en disputa se localiza en la parte baja de una loma en la zona de Santa Fe y es uno de los lugares con mayor valor inmobiliario del país.

Los representantes del Cenid declararon que la invasión por parte de las empresas y particulares comenzó en 2011 con la remoción de la loma para poder estar al nivel de la autopista, pero esta última acción provoca que la parte superior de la colina quede sin soporte, lo que puso en peligro las instalaciones del Centro.

Los predios sobre la carretera México-Toluca, se encontraban invadidos desde 2011 en la Colonia Palo Alto, en Álvaro Obregón.

Los beneficiarios enfrentaban litigios por la propiedad de estos predios, según se publicó el 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo gubernamental mediante el cual se entregó a particulares esta primera fracción del terreno de 15 hectáreas fue firmado el 30 de noviembre de 2018, es decir, en el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, quedó pendiente su entrada en vigencia.

Fue el 13 de diciembre de 2018 cuando las nuevas autoridades federales, ahora encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consumaron la entrega de este terreno sus invasores, mediante la publicación del acuerdo de cesión en el Diario Oficial de la Federación.

Consultada sobre la entrega de este terreno, la oficina de la Presidencia de la República aseguró que “este gobierno (de López Obrador) no tenía alternativa, dado que los métodos alternativos de solución de controversias (procedimiento conciliatorio empleado por la pasada administración federal para abordar la invasión del terreno) poseen fuerza vinculante”.

Por esta razón, la oficina de la Presidencia aseguró que el haber publicado el acuerdo de entrega, para que cobrara vigencia, “no se trata de una convalidación, sino del respeto al orden institucional”.

Para justificar la entrega de este terreno a particulares, en el acuerdo de desincorporación publicado en el Diario Oficial se establece que las 15 hectáreas de suelo forestal se encuentran física, administrativa y estructuralmente en “desuso”, razón por la cual es procedente su entrega a los particulares y las inmobiliarias invasoras, que son: la particular María Elena Trejo Guerrero, el particular Juan Reséndiz Vázquez, la inmobiliaria F4 SA de CV, y la inmobiliaria Fridman y Valls SA de CV.

Está en una loma el terreno

Tal como informó personal de este Centro, el terreno de 15 hectáreas se encuentra en una loma, que en su parte baja da con la Autopista México-Marquesa, en Santa Fe, una de las zonas con mayor valor inmobiliario del país. Esa fue la parte invadida.

La invasión de la parte baja de la loma inició en 2011, informaron representantes del CENID, y las inmobiliarias que se adueñaron ilegalmente de esa fracción de terreno iniciaron ese mismo año el corte y remoción de la loma, que descendía en una pendiente de 45 grados, para así dejar el terreno invadido (de 24 mil metros cuadrados) al mismo nivel de la autopista.

Además de la afectación que estas operaciones irregulares provocaron en la fracción de terreno invadida, este corte de la loma dejó la parte superior del predio sin soporte, provocando el desplazamiento del suelo y daños estructurales en las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal.

El corte de la loma, además, provocó derrumbes en su fracción invadida.

Aún cuando la cesión de este terreno a las inmobiliarias invasoras se consumó apenas iniciado el nuevo gobierno federal, destaca un hecho: entre 2013 y 2018, en la zona invadida se construyeron diversos edificios de oficinas y departamentos de lujo, así como negocios particulares, sin que los gobiernos federal y local (encabezados en ese lapso por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera) hicieran nada para impedirlo.

Aunque la invasión del predio por parte de constructoras privadas fue denunciado desde 2011, siendo presidente Felipe Calderón, las autoridades federales no hicieron nada.

Luego, en 2013, ante el inicio de las obras en dicho terreno, el personal de este Centro de investigación alertó de los hechos a la Presidencia de la República, con Peña Nieto al frente.

El resultado de esta denuncia vino tres años después, en 2016, aunque no fue el esperado por los denunciantes, ya que en vez de emprender acciones para recuperar la zona invadida, el gobierno federal puso las 15 hectáreas de suelo forestal a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para iniciar su proceso de desincorporación del patrimonio nacional.

Aunque hasta el momento sólo se ha entregado a particulares 24 mil metros cuadrados, las restantes 12.6 hectáreas de suelo forestal siguen a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Tal como informó la oficina de Presidencia, el uso de las restantes 12.6 hectáreas de suelo forestal “será congruente con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019”, cuando anunció que en la zona de Santa Fe no se promoverán desarrollos inmobiliarios privados en terrenos oficiales, dando así prioridad a la conservación del medio ambiente.

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