Rebeca Marín
Empresarios y diversas agrupaciones empresariales alertaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intenta cobrarles derechos retroactivos, desde el 2015, a maquiladoras, a fin de obligarlas a renovar la autorización del esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, lo que implicará un golpe al menos cinco mil millones de pesos para tres mil 607 empresas.
En conferencia de prensa virtual, la senadora Gina Cruz explicó que “el SAT ha reiterado y amenazado que de no pagar, las empresas perderán su registro y beneficios de certificación, que lograron para no ser afectadas en la reforma del 2014. A todas luces se trata de una medida arbitraria, de una interpretación discrecional por parte de la autoridad fiscal, que sólo es una medida recaudatoria ante la caída histórica de la recaudación nacional”.
La legisladora federal recordó que en 2016 se creó el esquema integral para otorgar facilidades, tanto fiscales como de operación aduanera, para promover la competitividad de las empresas nacionales, lo que permite la solicitud para un crédito fiscal equivalente al ciento por ciento de la cantidad que deba pagarse por concepto de IVA y de IEPS.
Precisó que las empresas que estaban en este esquema no pagan derechos por renovar su certificación y ahora el SAT “quiere cobrarles de manera retroactiva e ilegal” cuotas que van desde los 24 mil 506 pesos, correspondientes al 2015, hasta 29 mil 747 pesos para este año, a pesar de que la Ley Federal de Derechos es muy clara y no da margen a interpretaciones a modo del SAT.
Invitados por la senadora panista Gina Cruz, los empresarios destacaron que es ilegal este cobro que busca el SAT.
Iván Aceves Urzúa, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera, planteó que “sentimos que legalmente es improcedente totalmente, por caducidad, el año de 2015, ya que en enero obtuvieron la mayoría su certificación y si esto salió publicado el 5 de agosto en la página, ya caducó el 2015 y si no ha sido requerido de comprobación de la autoridad, en el transcurso de estos meses de ha ido venciendo”.
La legisladora federal anunció que promueve una propuesta con punto de acuerdo para que el pleno del Senado llame al SAT a desistir de estas acciones, porque generan desconfianza en las inversiones.
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