Robles alude que es una “rehén” del gobierno

Martín Aguilar

Rosario Robles, ex titular de la Sedatu y la Sedesol en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), escribió una carta desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde aseguró que es una "rehén" de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que la ha mantenido durante año y medio tras las rejas

En una misiva, dirigida a la opinión pública, bajo el título de "Violentada", donde la exfuncionaria lamenta que los narcotraficantes no estén en prisión y ella esté privada de su libertad; también reprochó que se proteja a los políticos acusados de abuso sexual.

Escribió que es la única mujer que ha sido perseguida por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y hasta dijo que era con "saña". Aseguró que no hay ni una demanda en su contra ni una solicitud para que resarzca el daño público del que le acusan.

Me tienen como rehén, a pesar de que cuando fui citada (a declarar) me presenté", destacó Robles.

Precisó que la mantienen bajo prisión preventiva, pese a que no se le acusa de un delito grave y que amerite tales medidas cautelares; negó que se le esté sometiendo a proceso por un acto de corrupción como lo fue la Estafa Maestra.

Más adelante, la exjefa de gobierno capitalino argumentó que se están atropellando sus derechos humanos, y que se está ejerciendo "toda la fuerza del Estado" contra una mujer, cuyo único delito -según Robles- es su nombre y género.

Abundó que uno de sus delitos fue atreverse a "subvertir el pacto patriarcal", por lo que concluyó que el gobierno de López Obrador está ejerciendo violencia política de género contra ella. Lamento que ejercicios periodísticos, como la Estafa Maestra, sean ahora criticados.

De igual modo, reprobó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esté "sometida" a la actual administración, cuando no gustan sus informes; lo anterior, en referencia al caso del sobrecosto por el NAIM.

A Rosario Robles se le acusa por el caso de la Estafa Maestra, donde se desviaron 5 mil 500 millones de pesos del erario, bajo un esquema que implicaba a universidades públicas y empresas fantasmas.

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