Coordenadas Políticas/Martín Aguilar/La Unión hace la fuerza
La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 fue un intento civilizatorio. Después de dos guerras mundiales, la humanidad quiso creer que la razón podía imponerse sobre la fuerza y que el diálogo sustituiría al cañón. La Carta de San Francisco consagró la igualdad soberana de los Estados, pero también reconoció, con realismo, que el poder no desaparece por decreto: el Consejo de Seguridad otorgó el derecho de veto a las potencias vencedoras. Desde su origen, la ONU encarnó esa tensión: un ideal jurídico y una estructura jerárquica. Igualdad formal en la Asamblea General; concentración efectiva del poder en cinco capitales. No fue un error de diseño, sino el reconocimiento de que el orden internacional no nace del consenso moral, sino del equilibrio de fuerzas.
Durante la Guerra Fría, el organismo funcionó como una válvula de contención. No eliminó la rivalidad entre bloques, pero ofreció un espacio donde la confrontación podía transformarse en negociación. En algunos momentos evitó que la escalada derivara en catástrofe nuclear; en otros, mostró su impotencia. Su eficacia siempre dependió menos de sus principios que de la voluntad de las potencias.
Con el fin del mundo bipolar, muchos imaginaron el triunfo definitivo del multilateralismo. Sin embargo, la historia demostró que la desaparición de un contrapeso no elimina la lógica del poder, sino que la redistribuye. Las misiones de paz se multiplicaron, pero también lo hicieron los conflictos asimétricos, las intervenciones indirectas y las disputas por recursos estratégicos.
En el siglo XXI, la competencia global ya no se expresa únicamente en divisiones ideológicas, sino en cadenas de suministro, minerales críticos, rutas energéticas y tecnologías emergentes. Los territorios con abundancia de recursos naturales se convierten en piezas centrales de una arquitectura económica diseñada en otros centros de decisión. La interdependencia no ha sustituido la jerarquía; la ha sofisticado.
La Organización de las Naciones Unidas aparece entonces como un jugador más que como un árbitro. Sus resoluciones tienen validez cuando coinciden con el interés de los poderosos; se diluyen cuando chocan con él. El derecho internacional existe, pero su aplicación depende de la correlación de fuerzas. La igualdad jurídica convive con una desigualdad material persistente. Esto no significa que el organismo carezca de valor. Sin la ONU, el mundo sería más opaco, más imprevisible y probablemente más violento. Sus agencias humanitarias salvan millones de vidas; sus foros permiten que Estados pequeños hagan oír su voz. Pero no puede superar los límites que le impone el sistema del cual forma parte.
La pregunta no es si la ONU fracasa, sino si puede trascender la estructura que la sostiene. ¿Puede existir un orden internacional verdaderamente normativo en un mundo donde la soberanía se defiende con poder económico, militar y tecnológico? ¿Puede la ley imponerse cuando el poder sigue siendo el fundamento último de la seguridad?
Tucídides escribió hace veinticinco siglos que, en ausencia de equilibrio, prevalece la lógica del más poderoso. La modernidad intentó matizar esa sentencia mediante instituciones, tratados y principios universales. Sin embargo, la historia contemporánea recuerda que la capacidad de imponer no desaparece: cambia de forma. Quizá la ONU no sea la negación de la frase de Tucídides, sino su versión civilizada. Un espacio donde la coerción se discute antes de ejercerse, pero sigue siendo decisiva. Mientras el poder determine el alcance del derecho, el orden internacional continuará oscilando entre la aspiración moral y la realidad estratégica. La cuestión de fondo no es institucional, sino ética: es si la humanidad será capaz de construir un equilibrio que no repose únicamente en la capacidad de imponer, sino en la convicción compartida de limitarse. Hasta entonces, el orden seguirá siendo, en última instancia, el que impone la fuerza.
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