Aumentar penas en casos de violencia institucional, homicidio culposo y ocultar videos del C-5

Cdmx, noviembre 26 de 2019.

Pedro Moreno.

  • También se presentó la iniciativa para reformar la Ley de Víctimas para que los entes públicos y alcaldías que violen derechos humanos reparen el daño con su presupuesto

Las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad de México presentaron diversas iniciativas para reformar el Código Penal local en materia de violencia institucional; incrementar sanciones a quien ocasione lesiones o cometa homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos; así como para sancionar a los empleados que oculten las videograbaciones requeridas por autoridades ministeriales.

En la sesión ordinaria de este martes, también propusieron reformar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para que los entes públicos locales y alcaldías responsables de violaciones de derechos humanos reparen el daño con su presupuesto.

La diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Partido del Trabajo presentó ante el pleno, el proyecto de iniciativa que se busca adicionar una fracción al artículo 262 del Código Penal, en materia de violencia institucional.

El proyecto plantea establecer que se le impondrán de uno a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas ejerza violencia institucional en contra de las mujeres, realizando actos u omisiones que discriminen o tengan como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Recordó que actualmente el Código Penal contempla como agravante para varios delitos, que éstos tengan como motivación razones de género, o que los delitos los cometa una persona servidora pública.

Destacó la necesidad de establecer una sanción a la violencia institucional, más allá del ámbito político-electoral, “como autoridades de esta ciudad y como personas servidoras públicas hagamos un esfuerzo por impulsar acciones que dignifiquen el servicio público y que sancionen a quienes abusen de su cargo y así erradicar este tipo de violencia que discrimina y violenta a las mujeres en razón de su género”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.

Proponen aumentar penas por homicidio culposo en problemas viales

El diputado Armando Tonatiuh González Case, del PRI, presentó la iniciativa para reformar el Código Penal capitalino, con la finalidad de incrementar las penas a quien ocasione lesiones o cometa homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos.

Destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos y las acciones de prevención de accidentes de tránsito, ya que dijo, “de acuerdo a la estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas que reportó el INEGI en 2018, en la capital del país las muertes y lesiones por esta causa incrementaron respecto a lo registrado en 2017; y los accidentes de tránsito le cuestan al país 24 mil muertes”.

“Si bien existe una disminución en el número de muertes de ocupantes de vehículos de motor, las muertes de peatones, usuarios de transporte público y motociclistas han ido en incremento”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable para su análisis y dictamen.

Sancionar a empleados del C-5 que oculten videos solicitados por la autoridad

El diputado Eleazar Rubio Aldarán, de MORENA, presentó la iniciativa para modificar el artículo 259 BIS del Código Penal para sancionar a los empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que oculten las grabaciones requeridas por alguna autoridad ministerial.

Lo que se propone es sancionar al empleado adscrito o asignado al Centro de Comando y Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien de manera dolosa oculte, elimine, altere o borre parte de la grabación o no remita la o las videograbaciones requeridas por la autoridad ministerial, para que ésta sea o sean utilizadas en una investigación o juicio de índole penal o administrativo. Al que cometa este delito se le impondrá de tres años a siete años de prisión.

El diputado indicó que se ha vuelto una práctica recurrente que en el Sistema Penal Acusatorio se empleen videos para acreditar los hechos delictivos y éstos sirvan como prueba para acreditar la conducta desplegada por el sujeto activo o por el contrario, acreditar que no se cometió o se participó en el hecho que se imputa.

“En la actualidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana argumenta no contar con el material, derivado de que en múltiples ocasiones las cámaras no se encuentran en funcionamiento, con lo que infringen lo establecido en la ley que permite el uso de la tecnología para esclarecer algún delito, de ahí la importancia del proyecto de iniciativa que se presenta”, indicó.

El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Seguridad y dictamen para su análisis y discusión.

Si los entes públicos violan derechos humanos, que reparen el daño

El diputado Temístocles Villanueva Ramos presentó un proyecto de iniciativa por el que se busca reformar el artículo 61 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en materia de reparación integral por violaciones a derechos humanos.

Lo que se busca establecer es que los entes públicos de la Ciudad de México y las alcaldías responsables de violaciones a derechos humanos tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que será determinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el plan de reparación integral que corresponda.

“Con esta reforma lo que se busca es abonar a la construcción de una cultura de prevención y de respeto de derechos humanos, generando un efecto disuasivo para las autoridades de la Ciudad de México para evitar más violaciones de derechos humanos”, dijo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictamen.

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