LA BARRIADA/EL QUE HAMBRE TIENE, EN PAN PIENSA

MARTIN AGUILAR

Al parecer los problemas en la alcaldía Cuauhtémoc, los problemas no terminan, luego que en este espacio comentamos que los vendedores han sufrido extorsiones por parte de algunos inspectores, tanto de la alcaldía como del gobierno de la CDNX y que algunos ya pensaban en armarse para enfrentar a los delincuentes del Cartel de Tepito para que ya no fueran víctimas de este delito, por lo que su titular, Néstor Núñez ha sido incapaz de detener a esta mafia.

Otro problema que se acrecienta en esa demarcación es la clausura y prohibición de algunas obras, que pese a que cumplen con todos los requisitos, son víctimas también de los inspectores y funcionarios del área de servicio de Obras para que paguen cierta cantidad de dinero para que sigan trabajando, de lo contrario les cancelan la obra.

Y es que integrantes de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo Condesa denunciaron que las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc han puesto una “ley mordaza” para impedir que los vecinos tengan conocimiento sobre el proyecto de actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano.

“Tenemos derecho a conocer los avances del proyecto y a ser escuchados; los vecinos votamos a favor del financiamiento del proyecto con fondos del presupuesto participativo”, indicó la asociación a través de un comunicado.

Los residentes recordaron que ante los continuos casos de violación de uso de suelo en la colonia, la demolición ilegal de inmuebles catalogados por el INBA y la instalación de giros mercantiles de alto impacto, se acordó destinar más de dos millones 700 mil pesos del Presupuesto Participativo 2019 para la elaboración de un proyecto de actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano.

La semana pasada el Comité Hipódromo II convocó a la empresa encargada del proyecto a una reunión para informar a los vecinos del proyecto, sin embargo, indican los vecinos, no asistió argumentando que la alcaldía incluyó una cláusula de confidencialidad en el contrato de prestación de servicios.

“El que la alcaldía imponga una cláusula mordaza contra la transparencia en la elaboración del proyecto del PPDUH generaliza desconfianza acerca de lo que posiblemente se quiere ocultar a los vecinos”, indicó Rafael Guarneros, coordinador del comité.

Indicó que esta confidencialidad violenta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y conculca el derecho de los vecinos a vigilar la correcta aplicación de los recursos, generando la sospecha de que se busca beneficiar al cártel inmobiliario.

“Fuimos los vecinos de la colonia quienes promovimos que el proyecto fuera tomado en cuenta para ser considerado entre otros proyectos para ser votados en la elección para destinar recursos públicos del Presupuesto Participativo 2019… Los vecinos votan, la alcaldía administra y ejerce el recurso”, agregó.

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