SAT ha detectado 3,261 factureras desde que inició esta gestión
Rebeca Marín
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, ha identificado a 3,261 empresas factureras desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2018.
Estas empresas representan 33% de las 9,857 que están publicadas en la llamada “lista negra” del SAT desde el 2014, cuando se creó. De enero al corte del 3 de septiembre de este año, se han añadido 880 contribuyentes.
La llamada Lista Negra del SAT entró en vigor en el 2014 y se sustenta en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en donde se precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar bienes, o bien no se localiza al causante, se presumirá la inexistencia de las operaciones.
Al detectar a estos contribuyentes, el SAT les notifica a través de su buzón tributario y les otorga 15 días para que puedan desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la simulación de operaciones.
En caso de no presentar los hechos o bien, el fisco determina que las pruebas son insuficientes y se considerará que el contribuyente sí simuló operaciones, se actualizará su situación en el listado mediante el Diario Oficial de la Federación.
A partir de este año entraron en vigor modificaciones a la ley para que la emisión de comprobantes falsos sean considerados delitos graves y dentro de la delincuencia organizada, siempre y cuando cumplan con algunas características. Con estos cambios el gobierno, a través del SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, emprendió un combate frontal contra este delito.
En este sentido, Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM, refirió que los cambios han sido buenos; sin embargo, aún no se han observado resultados, ya que no se ha encarcelado o castigado a alguna facturera.
Asimismo, refirió que se debe cuidar que al final, las modificaciones y el combate contra las operaciones simuladas no se utilicen con fines de persecución política.
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