Sufren ataques cibernéticos el 70% de las empresas mexicanas

Es indispensable proteger privacidad de comunicaciones digitales, dice el senador. Juan Manuel Fócil.
Propuso reformar el artículo 16 de la Constitución Política para proteger todas las comunicaciones privadas.
Aumentaron 215% los delitos y amenazas de ciberataques aumentaron de 2017 a 2018 en México.

Ernesto Zavaleta

Se debe establecen candados que permitirán resguardar la información de los usuarios de cualquier servicio digital, para que nadie pueda robar sus correos electrónicos, mensajes, textos o conversaciones y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica.

Por ello el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, propuso reformar el artículo 16 de la Constitución Política con el objeto de proteger todas las comunicaciones privadas, tanto escritas como digítales, con independencia de su contenido. La iniciativa se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Los delitos y amenazas de ciberataques aumentaron de 2017 a 2018 en 215 por ciento en México, que se ubica en el tercer lugar, a nivel mundial, con más ciberataques, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Este aumento en la actividad delictiva cibernética significó en 2017 una pérdida de 7.7 mil millones de dólares para empresas y usuarios, destacó.

Fócil Pérez aseguró que siete de cada 10 empresas mexicanas han experimentado un incidente relacionado con seguridad informática, motivo por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), impuso multas por más de 185 millones de pesos.

Los sectores con mayor número de sanciones, dijo, fueron los servicios financieros y de seguros, así como los medios masivos de comunicación y el educativo, y advirtió que dentro de los principales riesgos que existen por un ciberataque se encuentra el robo de datos de usuarios, pérdida o eliminación de información, robo de identidad, fraude o extorsión, secuestro de información, interrupción de servicios y daño a la reputación. Consideró necesario dotar de mecanismos de defensa a los usuarios que sean afectados en su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad, ante el aumento exponencial en el uso de las tecnologías para la comunicación.