Emiten pronunciamiento de senadoras por el derecho a decidir en materia de aborto
- Firman declaratoria senadoras de todas las fracciones parlamentarias.
Ernesto Zavaleta
Este 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, escuchamos con atención las exigencias y motivaciones de miles de mujeres que se manifestaron por el derecho a decidir, tanto en movilizaciones en varias ciudades del país como a través de las redes sociales.
Como legisladoras, asumimos que parte de la exigencia es dirigida hacia nosotras. Como feministas, refrendamos públicamente nuestro compromiso por avanzar en el reconocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo como una causa de salud pública y de justicia social.
Varias de nosotras hemos presentado iniciativas legislativas en materia de derechos sexuales y reproductivos, tendientes sobre todo a garantizar el acceso a los servicios de salud a que tienen derecho las mujeres frente a un embarazo no deseado, servicios de anticoncepción y de interrupción en las causales permitidas por las leyes mexicanas hasta ahora.
Participamos, también, en las discusiones que desde diferentes espacios se desarrollan alrededor de la posibilidad de que el aborto no sea considerado un delito en caso de expedirse un código penal único, para que éste se regule en donde corresponde: en las leyes de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sabemos que hay expectativas y entusiasmo acerca de esta posibilidad. Lo que por ahora podemos decir es que estamos trabajando en el análisis jurídico y político, así como en la construcción de acuerdos en diferentes ámbitos, para que los pasos siguientes cuenten con las mayores posibilidades de éxito.
Fue en 1990, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, cuando se propuso la conmemoración anual del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro con una perspectiva latinoamericana y caribeña: son las desigualdades extendidas a toda la región las que hacen de la penalización del aborto un reproductor de injusticias hacia las mujeres más empobrecidas, tanto por su criminalización como por su imposibilidad de acceder a servicios de salud profesionales, seguros y gratuitos.
Hoy, 30 años después, en un año que exacerba éstas y otras desigualdades en perjuicio de las mujeres en todo el mundo, nos declaramos atentas, sensibles, empáticas, compañeras de las mujeres que han sostenido arriba los pañuelos verdes y el reclamo urgente por el acceso al aborto legal y seguro.
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