Gobierno Federal da tres meses a empresas para que eliminen el outsourcing

Rebeca Marín

El Gobierno federal concedió un plazo de tres meses para que los trabajadores que actualmente se encuentran subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Como se sabe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el acuerdo al que se llegó con el sector privado es que se prohíbe la subcontratación de personal y se regulará la tercerización de servicios especializados distintos al del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante; así como los servicios complementarios o compartidos que se prestan entre empresas de un mismo grupo empresarial, como los servicios legales o la elaboración de nómina, entre otros.

Parte de los acuerdos consisten en la creación de un registro ante la Secretaría del Trabajo (STPS) y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, con lo que se crearon dos modalidades para el cálculo del reparto, aunque la STPS no dio detalles de las mismas.

"Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores", señaló la Secretaría en un comunicado.

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que el plazo de tres meses para la transición iniciará una vez que la Secretaría del Trabajo (STPS) emita los lineamientos del registro de empresas de servicios especializados que será creado a partir de la reforma.

"El sector empresarial había pedido seis meses (para la transición), lo que logramos como sector es que sean tres meses a partir de que la Secretaría del Trabajo publique los lineamientos en relación al registro de empresas de prestación de servicios especializados o de obras especializadas, que sería de un mes, lo cual convertiría el plazo en cuatro meses", describió Roel.

Calculó que si se hacen las adecuaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso durante abril y éste se publicara el 1 de mayo, ería en septiembre cuando se empezarán a aplicar las nuevas reglas.

Roel aseguró que uno de los temores del sector privado es que se demoren los trámites que se tienen que hacer durante la transición, o sea, en la adecuación de los objetos sociales de las empresas.

"También en tramites complicados para sacar citas ante el SAT y trámites administrativos con el IMSS e Infonavit. Por lo menos hay instrucciones de los directores y la jefa del SAT para que se dé facilidad y no se compliquen a las empresas estos trámites durante esta transitoriedad", comentó.

Con respecto al tema del reparto de utilidades, Roel advirtió que acordaron dos modalidades para calcularlo: en principio un límite de tres meses del salario del trabajador, pero en el caso de aquellos que reciben utilidades superiores a este tope, se fijarán a partir del promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

"En este diálogo, lo que buscó la Secretaría fue proteger a los trabajadores que en la actualidad reciben utilidades superiores a ese límite y que por lo tanto, se habla del promedio de la participación recibida en los últimos tres años para que no se vean afectados los trabajadores que reciben cantidades superiores a ese límite", señaló.

En opinión de Germán de la Garza, socio líder de servicios laborales en Deloitte, el acuerdo protege a la clase trabajadora para evitar el abuso de la subcontratación, pero en el tema del reparto de utilidades, se dejan al descubierto la situación de las pequeñas empresas.

"El tema del PTU protege solo a un sector de empresas que pueden generar repartos desproporcionados, pero no atiende a las pequeñas empresas cuya obligación de pagar el 10 por ciento de reparto de utilidad aunado a otros gastos operativos, de seguridad social, impuestos, etcétera; en muchos casos puede resultar en que busquen formas de evadir la responsabilidad o incluso pudieran cerrar", comentó.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que el acuerdo considerara al sector empresarial para que se posibilitara la permanencia de las otras figuras de subcontratación

"Consideramos que este es un buen acuerdo, pues luego de tres meses de negociación el resultado final no fue la propuesta original del Gobierno que prohibía todo tipo de contratación, ni la de la Iniciativa Privada que pedía no realizar ninguna prohibición, ni la del Sector Laboral, que flexibilizó sus demandas, sino que se dio paso a un nuevo acuerdo.

"La negociación alcanzada privilegia el respeto a los derechos de los trabajadores, permite a nuestro país ser competitivo, gracias a que preserva la subcontratación de servicios compartidos", dijo en un comunicado.

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