Del Pasado al Futuro/La pandemia ha dejado miles de huérfanos en México

Martín Aguilar

De acuerdo con registros del Gobierno de la CDMX, en la capital del país han fallecido 37,851 personas y se tiene detectado que al menos 3,101 menores perdieron a uno de sus padres, según en el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de la Ciudad de México (DIF).

Durante el programa, Del Pasado al Futuro, conducido por Jadira Armendáriz Buaun en ausencia de Rosalía Buaun y Tony Mancuso, acompañado por el Director de la Revista Cúspide y Liberal Metropolitano, Lino Calderón, tuvieron como invitados a integrantes del Despacho Franco, los Lic. Iker Llanos Ayala y Lic. César Antonio Prieto Palma y a la Diputada por Morena, María de los Ángeles Huerta del Río.

Llanos Ayala señaló que, este 18 de marzo se cumplió un año del primer deceso por la enfermedad, tras dicho periodo, en el país han muerto 195,908 personas, hasta el corte nocturno del 17 de marzo de 2021.

Comentó que a un año de la primera muerte por COVID-19, se desconoce el número de menores que quedaron huérfanos; sin embargo, se estima que el 42% de los más de 195,000 fallecidos eran jefes de familia.

Ya que, de acuerdo con registros del Gobierno de la CDMX, en la capital del país han fallecido 37,851 personas y se tiene detectado que al menos 3,101 menores perdieron a uno de sus padres, según en el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de la Ciudad de México (DIF).

A nivel nacional se desconoce el dato exacto de cuántos niños huérfanos ha dejado la pandemia, pero se estima que el 42% de quienes perdieron la vida –de los 195,908, mencionados, es decir unas 81,000 personas, eran jefes de familia.

Por su parte, Prieto Palma dijo que, en la Cámara de Diputados, la diputada Olga Sosa presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Bienestar, de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) implementar programas en favor de los niños, niñas y adolescentes que perdieron a uno o a sus dos padres a causa de COVID-19.

Durante su intervención, Huerta del Río afirmó que en la Cámara de Diputados han tenido una interesante mesa de diálogo, relativa a las implicaciones de la propuesta de modificación a la Ley de Hidrocarburos.

Dijo que si queremos desarrollarnos como país, debemos garantizar suficiencia energética para todas las acciones productivas, pero también para que la energía llegue hasta los últimos rincones del país; y que, por supuesto, ante eventuales crisis energéticas –como ya se ha visto en Texas y seguramente seguirá sucediendo, derivado del cambio climático–, necesitamos que el gobierno cuente con los elementos para que todos los mexicanos dispongan de combustibles que permitan el transporte y movimiento de mercancías.

Huerta del Río, aseveró que las modificaciones propuestas en la Ley de Hidrocarburos de ninguna manera representan una expropiación, como lo quiere hacer ver la oposición.

Lo que se está afinando es la normatividad para que, de ser necesario, tanto el gobierno como los particulares tengan muy claro cuáles son los procesos y procedimientos que se seguirán en beneficio de los consumidores.

Es importante hacer notar que todas las acciones relativas a que, en caso de crisis, el gobierno pueda intervenir, tienen su fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, y que incluso en el caso de vías generales de las vías de comunicación opera la requisa y es perfectamente válida y constitucional.

Con esta reforma, no se altera el orden constitucional ni se violan los derechos de ningún permisionario, únicamente se establece el andamiaje jurídico que permitirá al gobierno actuar dentro de un marco legal. Incluso está en sintonía con los tratados internacionales.

Recordó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el capítulo 8 dispone el pleno respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, mediante el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos.

Lo que sí hace esta reforma es elevar a rango de ley diversas disposiciones de almacenaje de petrolíferos, que refuerzan la seguridad y eficiencia energética en beneficio de todos los mexicanos.

Añadió que cambia de afirmativa ficta a negativa ficta respecto del silencio administrativo de la solicitud de permisos, atendiendo a la protección de los intereses nacionales sobre los intereses económicos de los particulares.

Con esta reforma se profundiza la defensa de los derechos de todos los consumidores, sea el ciudadano que compra gasolina en cualquier estación de servicio o las grandes empresas que requieren diésel para su operación diaria.

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