Temporada de Zopilotes/ Lino Calderón/ Los excesos y riqueza por corrupción del exsenador panista Lavalle Maur y

Temporada de Zopilotes
Lino Calderón
Los excesos y riqueza por corrupción del exsenador panista Lavalle Maury

Conforme continúa la guerra sucia contra la Cuarta Transformación la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la adquisición de cinco bienes inmuebles por parte del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury en los que gastó 18.2 millones de pesos entre 2011 y 2018.
Lavalle, quien se encuentra en prisión preventiva es acusado de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Como parte de las investigaciones realizadas por la FGR, las autoridades detectaron la participación del ex funcionario en cinco operaciones de compra de bienes en Campeche y la Ciudad de México.
De acuerdo con información revelada por El Universal, esos documentos forman parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/ CGI- CDMX/865/2020, por la que Lavalle Maury ya fue vinculado a proceso. La casa en la Ciudad de México fue adquirida en el 2017 y tiene actualmente un valor de más de 4 millones de pesos. En tanto, el departamento lo compró en el 2018 por más de 8 millones de pesos.
Pero además, el ex senador compró un terreno urbano habitacional en Campeche por más de un millón de pesos. Según las declaraciones anuales de Lavalle, entre 2014 y 2019 reportó ingresos totales por 28 millones 243 mil 55 pesos; de los registros destaca que en el año 2018 declaró ingresos totales por 6 millones 432 mil 774 pesos.
Mientras que en 2019, año en el que ya no era senador, reportó ingresos totales por 7 millones 636 mil 607 pesos. Por estos hechos, Lavalle Maury fue vinculado a proceso el 13 de abril de 2021, convirtiéndose con ello en el primer ex funcionario acusado por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, de actos de corrupción en pisar la cárcel.
En su acusación, el ex titular de Pemex afirma que el ex senador forma parte de un grupo de legisladores que recibieron millonarios sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Para acreditar los delitos, la FGR investiga la adquisición del departamento en Monte Elbruz 116, interior 101, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, realizada el 28 de diciembre de 2018, según el acta notarial 64051.
“El inmueble tiene 168 metros cuadrados, y según el folio real 00113132 está valuado en 8 millones 926 mil pesos, pero Lavalle Maury logró adquirirlo en copropiedad en 8 millones 200 mil pesos”, precisa el diario.
El 5 de septiembre de ese año también adquirió en copropiedad un terreno urbano habitacional en Country Club Campeche 2, manzana 10, Kila, Campeche, Código Postal 24500, con un total de 896 metros cuadrados, según el folio real 536834.
La operación se concretó en un millón 691 mil 972.90 pesos, según el registro notarial número 68, con fecha 28 de agosto de 2018. El 13 de agosto de 2018, el ex senador adquirió una casa en Country Club 1, manzana 10, Kila, Campeche, de mil 78 metros cuadrados valuada en 85 mil 229.94 pesos.
La venta fue pactada en un millón 806 mil 800 pesos, según el acta notarial del 17 de agosto de ese año, número 74.
En noviembre de 2017, el ex panista compró otra casa ubicada en Río Rhin, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 147 metros cuadrados, valuada según el folio real 9076574AUX15, en un millón 319 mil 830.27 pesos.
El valor pactado para la venta del inmueble quedó en 4 millones 500 mil pesos, a pesar de que ese 2017 Lavalle Maury reportó ingresos totales por 4 millones 101 mil 826 pesos.
El inmueble de menor valor que adquirió el exfuncionario fue un terreno en Campeche registrado en la escritura pública número 105, con fecha 14 de abril de 2011.
Ese año, Lavalle Maury era delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Campeche y el terreno fue adquirido por 291 mil 460 pesos.
La victoria legal de la Fiscalía General de la República estaba más que asegurada, pues la defensa legal de Lavalle Maury cometió diversas pifias que llevaron al ex legislador a estar preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.“De entrada, al campechano le asignaron un abogado defensor que tiene relación directa con el caso Odebrecht, en específico con la parte que habría entregado el dinero de los sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. Se trata de José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido o es “asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa Zecapan S.A”, destacó una investigación del periodista Mario Maldonado.
Zecapan es una de las dos compañías que fueron señaladas por Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, de haber recibido los seis millones de dólares que habría pedido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la campaña del PRI. La otra fue Latin América Asia Capital Holding LTD, vinculada con Lozoya y sus familiares.
“Quienes presenciaron la última audiencia de Lavalle en el Reclusorio Norte todavía recuerdan la sorpresa que se llevó el Juez de Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, cuando el MP le hizo saber de las relaciones del abogado Zapata con el propietario de Zecapan. El litigante sólo alcanzó a mencionar que podía reservarse el derecho para guardar la privacidad de sus otros clientes y casos profesionales”.
Mario Maldonado señaló que este suceso fue determinante para la vinculación a proceso. “Además de que coronó una desastrosa defensa que, si bien fue ejecutada por un equipo de abogados en los juzgados del reclusorio, se planeó en consenso con algunos otros de los 70 personajes mencionados en la denuncia del exdirector de Pemex, principalmente con los alguna vez vinculados al Partido Acción Nacional”, aseguró.
Otro de los errores inconcebibles de la defensa fue argumentar que el video en el que se observa a colaboradores de Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez —actual gobernador de Querétaro— fue una prueba obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas o espionaje. Pero el argumento es inválido toda vez que la grabación fue ofrecida por el propio Lozoya, y realizada directamente por sus colaboradores de Pemex.
“Se suma a esos débiles argumentos de defensa al juez la postura del abogado José Joaquín Zapata respecto a que las firmas del confeso Rafael Caraveo son falsas; esto a pesar de que el propio excolaborador de Lavalle no sólo ha reiterado en diversas ocasiones que sí tomó parte de un esquema de sobornos, sino que ha ratificado que las firmas de los documentos que son parte del juicio efectivamente son de su puño y letra”.
Mario Maldonado concluyó investigación señalando que aún no queda claro si las fallas cometidas por la defensa de Lavalle Maury “fueron resultado de un exceso de confianza, o bien de la idea oculta de entregar una cabeza a la 4T y a su lucha anticorrupción”. Pero, resaltó el periodista, todo puede cambiar si Lavalle Maury se acoge al criterio de oportunidad.

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