Martín Aguilar
Un grupo de policías estatales allanaron el domicilio que tiene en Iguala el director del periódico La Tarde, Julio Zubillaga, quien está adherido al Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno federal por las amenazas que ha sufrido.
En los hechos que ocurrieron el sábado en la noche, se menciona que los supuestos agentes estatales que se desplazaban en una camioneta 514, ingresaron a la casa de Zubillaga.
En el domicilio revisaron vehículos y se llevaron un teléfono celular.
El periodista, quien recibe custodia de esta misma corporación policiaca estatal, no estaba en su domicilio, señalan periodistas de Iguala que se encuentran desplazados por la violencia y amenazas que han sufrido por parte de un grupo delictivo.
En el desplegado que publicaron en las redes sociales, los comunicadores, afirmaron que esta agresión contra Zubillaga se da en el contexto de nuevos hechos de violencia que se registraron en Iguala, en donde cinco sujetos armados fueron abatidos por policías estatales.
Denunciaron que, desde hace tiempo, han insistido ante las autoridades que sean las corporaciones policiacas federales las que resguarden a los periodistas de Iguala, quienes han sufrido una serie de ataques, amenazas y hostigamiento desde el año pasado.
Señalaron que el domicilio de Zubillaga está plenamente identificado, debido a que la propia Policía del estado es la encargada de salvaguardar la integridad del periodista y su familia, por lo que no existe ninguna justificación para que esta corporación haya cometido este abuso "por equivocación".
Los periodistas desplazados exigen al Gobierno garantizar el ejercicio periodístico en Guerrero.
Critican que después de que hace un año muchos de los periodistas fueron amenazados, el Gobierno instaló una oficina de atención a periodistas en Iguala, mismas que se han convertido en un "elefante blanco".
Por su parte, las organizaciones de Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), calificaron de preocupante el clima de violencia en Iguala y que ha provocado desde el año pasado el desplazamiento de por lo menos una decena de periodistas.
Esto podría provocar que Guerrero, y particularmente Iguala, se conviertan en una zona de silencio para la prensa.
Las tres organizaciones internacionales explican que a través de testimonios que han recabado se puede establecer que existe evidencia de la falta de acciones por parte de las autoridades.
Si bien desde noviembre del 2020, la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos informó sobre la creación del Grupo de Reacción Inmediata (GRI), las y los periodistas protegidos informan fallas en los planes de protección otorgados, como la falta de reacción inmediata, la ausencia de personal capacitado y la falta de investigación de los hechos.
Las organizaciones indicaron que los testimonios señalan que existe un clima de censura en Guerrero.
"Un periodista relató sobre el riesgo de la violencia digital; las agresiones digitales nos ponen en la mira de la delincuencia organizada y en riesgo", dice el comunicado de Artículo 19, CPJ y Reporteros Sin Fronteras.
Las tres organizaciones les recuerdan a las autoridades que, de acuerdo a los estándares interamericanos de derechos humanos, así como la normativa constitucional, es su obligación respetar, proteger y garantizar que el ejercicio del periodismo y en general el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se pueda realizar de manera libre y sin violencia.
Urgen a los tres niveles de gobierno generar acciones coordinadas y eficaces con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Esto para cumplir con las obligaciones de prevenir agresiones contra periodistas y medios, salvaguardar su integridad y proteger su vida y derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, señala el pronunciamiento de las tres organizaciones.
Cúspide 