Juez otorga orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez

Martín Aguilar

Un juez de control del fuero común libró una orden de aprehensión contra el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, y sus colaboradores más cercanos, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico, en perjuicio de la referida casa de estudios.

La orden también ordena la captura de Mónica Ruíz Huerta, ex vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos, ex director general de Asuntos Jurídicos.

También se demanda detener a los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón y Alejandro González.

El mandamiento judicial menciona que, en 2016, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez y sus colaboradores, crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School, compañías que tienen como socios al propio ex canciller y a su círculo más cercano.

Lo anterior para recibir pagos millonarios de las cuentas de la Universidad de las Américas Puebla, causándole un daño patrimonial a la propia Universidad que, hasta este momento se estima asciende a más 100 millones de pesos.

Fuentes cercanas al caso mencionaron que con ésta ya suman tres órdenes de captura contra los abogados de la familia, por supuestos delitos federales como operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como locales, por fraude específico y administración fraudulenta, desfalco y lavado de bienes, recursos que suman más de 15 mil millones de pesos.

La contraparte los señala de ser probables orquestadores de la estructura delictiva del robo de la totalidad de los activos de la Fundación Mary Street Jenkins que terminaron en Panamá.

Según las denuncias, los litigantes crearon una estructura en la que ellos mismos son beneficiarios de dicho patrimonio multimillonario cuando dichos bienes debían ser utilizados para el beneficio de los habitantes del estado de Puebla.

Según las imputaciones, los abogados habrían recibido a cambio, más de 100 millones de dólares, de manos de la familia Jenkins Landa con recursos de la propia Fundación.

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