En España exigen prisión contra Directivos de Iberdrola por manipular precios de la electricidad

Rebeca Marín

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Audiencia Nacional española que cuatro directivos de la empresa Iberdrola Generación sean condenados a dos años de prisión por manipular los precios de la energía eléctrica, además de pagar una multa de 84 millones de euros e indemnizaciones de hasta 107 millones a comercializadoras y usuarios afectados.

De acuerdo con un documento de acusación escrito por la Fiscalía dirigido para el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y presentado ante el Juzgado Central, la empresa española dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía, Iberdrola Generación, provocó un aumento en los precios a la electricidad para perjudicar a los consumidores, según información del portal El Mundo.

Dentro del escrito se señala que el incremento de los costos a la electricidad fue impuesto a finales del año 2013 para sacar del mercado a las principales empresas hidráulicas que generaban una producción de energía con costos más baratos, así las orillaron a retirarse ya que dejaron de producir energía en las centrales referidas.

Iberdrola aumentó el precio de la energía a 7.156 euros en esas fechas y logró un mayor incremento en sus ingresos llegando hasta los 21 millones de euros, por eso la Fiscalía Anticorrupción le pedirá en concepto de multa que pague el cuádruple de esa cantidad y además se le decomisará a la empresa la ganancia de su beneficio ilegal.

Ángel Chiarri Toscano, Director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, son los directivos acusados de realizar este fraude por manipular el precio de la energía hidráulica que afectó directamente al consumidor.

Los cuatro empresarios de Iberdrola Generación están acusados por el delito en contra el mercado y tendrán que indemnizar a comercializadoras y consumidores con hasta 107 millones de euros.

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