La Barriada/Martín Aguilar/El pez por su boca muere

Al subir el tema del supuesto cártel inmobiliario en Benito Juárez a la mañanera presidencial, Morena abre la Caja de Pandora que podría incendiar la ciudad, pues hablar de corrupción inmobiliaria alcanzaría también a la 4T en todos sus niveles.

Los morenos temen perder la capital, y utilizan a las instituciones del Estado para afectar a sus principales enemigos electorales, que en estos momentos son del PAN.

Como vieron que el caso del supuesto cártel, que, según ellos, encabeza el líder panista en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, se estaba apagando, la 4T decidió reavivar el fuego desde Palacio Nacional.

Porque no es lo mismo que lo diga Tomás Pliego, líder moreno de chocolate en la capital, a que lo mencione el Presidente en cadena nacional, pues la mañanera es escuchada en todo el país.

Ahora que el asunto escaló a nivel nacional, el PAN tendría que salirse de las cuerdas, donde ha estado las últimas dos semanas, y pasar a la ofensiva, pues si se trata de corrupción inmobiliaria, los morenos les dicen quítense que ahí les vamos.

Cuestión de recordar que tanto René Bejarano como Gustavo Ponce Meléndez, secretario particular y secretario de Finanzas, respectivamente, cuando el Presidente era jefe de Gobierno del DF, fueron a la cárcel por sus sucios negocios con el constructor Carlos Ahumada.

Que Mario Velarde, responsable de obra que certificó el Colegio Rébsamen —donde en 2017 murieron niños, profesores y trabajadores cuando Claudia Sheinbaum era jefa delegacional de Tlalpan, fue condenado a 208 años de prisión por corrupción—.

Que jamás nadie se hizo responsable del fraude a 180 familias pobres que compraron departamentos en Tláhuac a través de la extinta Unión Popular Nueva Tenochtitlán, encabezada por Bejarano y su esposa, Dolores Padierna.

Que Ernestina Godoy no ha judicializado la carpeta de investigación abierta hace seis años por la invasión del inmueble de Belisario Domínguez 43 —encabezada por gente que se dice afín al matrimonio de las ligas—, expropiado en 2004 por daños estructurales y que pertenece al INVI.

Y así se podrían enumerar incontables fraudes que, a través del Instituto de Vivienda local, varios de los morenos hicieron con recursos públicos. Si el PAN hizo transas con dinero privado, que se les castigue, pero en el INVI se desvió dinero público para defraudar a los más pobres.

Diputados como el experredista Raúl Flores, sugirió a través de su Twitter revisar las reuniones que se armaban en el auditorio Benita Galeana de la ALDF, para cerrar acuerdos.

Hasta parece que los morenos quisieran incendiar la ciudad antes que perderla, aplicando lo de “si no es mía no será de nadie. Porque la oposición tiene datos duros de varios bisneros de la 4T, y en una de ésas los sacan.

Por cierto, las láminas del caso del cártel, utilizadas en Palacio, son las mismas que presentó la fiscalía de Ernestina, ¿eso será legal?

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