Cdmx, octubre 13 de 2022.
Pedro Moreno
*Se otorgó una suspensión provisional y se ordenó a la Secretaría de Hacienda devolver recursos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, otorgó una suspensión provisional a la organización "Uniendo Caminos México", cuya asociación promovió un amparo contra el decreto bajo el que la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría d la Defensa Nacional.
Con esta medida, la Juzgadora frenó el traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, motivo por el cual la corporación policiaca deberá permanecer bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La resolución de la Juez establece que en caso de que dicha transferencia haya iniciado ya, se deberán restituir todos los recursos de la Guardia Nacional a la SSPC, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
Así mismo, la resolución señala:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión otorgada, aun en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables…”.
Por tal motivo, se ordenó a Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, al cumplimiento de la medida cautelar otorgada, “para que realice todos los actos necesarios para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, y para que se restituyan aquellos ya transferidos”.
En la demanda se amparo, la Sociedad Uniendo Caminos México argumentó que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena inhibe el ejercicio de derechos esenciales, porque los elementos castrenses carecen de formación o adiestramiento para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por ejemplo, para realizar actividades de prevención del delito o de proximidad ciudadana, para imponer multas administrativas con motivo de la infracción a reglamentos de tránsito o fungir como policía procesal en los término de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La Jueza también indicó: "Este juzgado considera que la entrada en vigor del decreto impugnado, por sí solo, amedrenta e inhibe el ejercicio de los derechos alegados por el quejoso, dado que el ejercicio del uso de la fuerza, el armamento y equipo empleado por la Sedena son distintos a los que de ordinario utilizan las corporaciones civiles en tareas de seguridad pública".
Igualmente, la juzgadora puntualizó que de acuerdo con el artículo 21, penúltimo párrafo, de la Constitución, el poder de decisión en materia de seguridad pública atañe al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pues éste formula la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones; de manera que las autoridades castrenses deben subordinarse a la autoridad civil y apegarse a sus indicaciones de manera estricta.
Tambien se informó que la suspensión provisional prevalecerá hasta la celebración de la audiencia incidental, donde la jueza definirá si otorga la suspensión definitiva a la parte quejosa. En caso de conceder la medida cautelar, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena quedará suspendida de manera indefinida hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.
Independientemente de la organización
"Uniendo Caminos México", el amparo también fue promovido por la Asociación Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados, Tojil y Eek.
Trascendió que la próxima audiencia está programada para mañana viernes 14 de octubre y ahí se decidirá si se otorga la suspensión definitiva, después habrá una audiencia constitucional para saber si se otorga el amparo.
Por su parte y durante una entrevista, Joan Antonio Ochoa Sada
vocero de la organización "Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México", detalló que en todo el país fueron interpuestos 53 amparos colectivos contra este decreto, de los cuales el primero fue radicado en Irapuato, con el cual la Jueza Novena de Distrito les otorgó este jueves 13 de octubre la suspensión provisional.
De la misma manera, Ochoa Sada aseguró que no están en contra de las Fuerzas Armadas, lo que se busca con los amparos es impedir que en la parte administrativa la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena, ya que con ello se daría paso a la militarización del país.
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