FGR confirma que hay dos carpetas de investigación sobre sistema Pegasus

Martín Aguilar

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo la existencia de dos carpetas de investigación relacionadas con el sistema Pegasus.

Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que la primera carpeta está relacionada con la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del equipo Pegasus por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

En esa investigación se detectaron delitos como peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, por los que se señala a Tomás Zerón, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, entre otros servidores públicos.

Actualmente, se gestiona la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.

Por lo que toca al uso de los equipos de espionaje, se podrá ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto.

La segunda investigación está relacionada con un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, esta Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo.

En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.

El 1 de noviembre de 2021 se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El 6 de noviembre de dicho año, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.

En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas, detalló la Fiscalía.

El hackeo que hizo el grupo Guacamaya Leaks de miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la investigación periodística “Ejército Espía” revelaron que en el actual sexenio se vigila a periodistas y activistas.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Administración “no espía a nadie”, organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, han manifestado su preocupación por estas revelaciones.

Es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares”, manifestó en días recientes la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El espionaje a periodistas se revela mientras la prensa en México afronta una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización de México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, y las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.

Antes, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

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