FGR investiga filtraciones en el caso Ayotzinapa

Martín Aguilar

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, se mantiene firme en la defensa del informe que presentó el pasado 18 de agosto a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, luego de que el periódico The New York Times publicó declaraciones del propio Encinas sobre 467 capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp que no pudieron ser verificadas.

“Soy el principal sorprendido, ¿no?, que ese día que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que van acompañados de manera muy seria y profesional”, dijo el también titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ayer durante la conferencia mañanera del Presidente.

Frente al mandatario federal, Encinas señaló que es cierto que parte de las capturas de pantalla, en su mayoría provenientes de presuntas conversaciones de miembros de Guerreros Unidos –agrupación delictiva a la que se le adjudica la responsabilidad de desaparecer a los jóvenes– permanecen sin ser verificadas.

Sin embargo, aseguró que aún si resultan ser apócrifas hay otros elementos que sustentan la versión presentada por la CoVAJ en agosto pasado, la cual sostiene que los normalistas fueron separados en grupos pequeños y asesinados bajo diferentes métodos, versión que difiere con la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que dice que fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Con este supuesto pidió recordar que el más reciente informe de la Comisión de la Verdad no solo está sustentado con las capturas de pantalla sino que además está integrado con “análisis de las comunicaciones, las declaraciones emprendidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo (de evidencia) que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos”.

El que los mensajes sean verídicos o no es relevante porque estas supuestas comunicaciones forman parte de la pruebas presentadas contra cuatro exmandos del Ejército que hoy permanecen presos y que amenazaron con denunciar al subsecretario por presentar supuestas pruebas falsas en su contra.

El desconocimiento de las capturas de pantalla por parte del GIEI es cierto. Los propios expertos señalaron en su informe del 29 de septiembre pasado que la integración de las conversaciones se hizo después de que ellos tuvieran acceso a la investigación de la Comisión de la Verdad, por lo que se abstuvieron de emitir algún veredicto sobre su veracidad y solicitaron al Gobierno federal que les permitiera quedarse un mes más en el país hasta que pudieran realizar el análisis necesario de las imágenes.

En ese momento se desconocía qué tipo de información comprendía dicha evidencia, ya que el gobierno entregó a los medios el informe con las conversaciones testadas, pero casi un mes después, la periodista Peniley Ramírez publicó detalles sobre el caso que hasta el momento no habían sido revelados, basándose en una copia sin testar que le fue filtrada.

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