Sindicatos universitarios buscarán que se destine el 1% del PIB a la educación por medio de una reforma

Rebeca Marín

La propuesta de reformas que 90 sindicatos universitarios llevarán a la Legislatura federal el martes busca garantizar que el monto destinado a la educación pública en el país sea de cuando menos 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y establecer una partida anual que garantice a las instituciones de educación superior un salario digno.

El proyecto también prevé que quienes laboran en universidades e instituciones de educación superior tengan el derecho a percibir un salario digno, el cual se incrementará anualmente al mismo tiempo y en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación y la Ley Federal del Trabajo mediante una iniciativa ciudadana y el respaldo de 127 mil 750 firmas, es decir, 0.13 por ciento del padrón electoral.

De acuerdo con la iniciativa, en el Artículo 62 de la Ley General de Educación se mantendría que el monto anual que el Estado destine a la educación pública no será inferior, en términos reales, a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior y adicionar un párrafo para señalar que debe ser de al menos 1 por ciento del PIB tanto en el ámbito federal, como estatal.

“Para efecto de que las autoridades garanticen, cuando menos, 1 por ciento del PIB a que se refiere el numeral señalado, en el Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda y en los respectivos de cada entidad federativa, deberá justificarse de manera puntual en un apartado, el cumplimiento de esta obligación”.

Además, mantendría el texto del Artículo 64, de la misma norma en cuanto a que en el Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes y oportunos para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, en términos del artículo tercero constitucional.

En el Artículo 65 se incluiría que para garantizar el fortalecimiento económico y el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión del conocimiento, cultura y gestión institucional, cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los correspondientes presupuestos de las entidades federativas habría una partida que garantice a los trabajadores de las universidades e instituciones públicas de educación superior percibir un salario digno.

“El cual se incrementará, cuando menos, anualmente al mismo tiempo y en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor considerando para tal efecto el correspondiente al mes de enero de cada año”.

En el caso de la Ley Federal del Trabajo, la reforma sería adicionar el Artículo 353-V a fin de señalar el derecho de trabajadores universitarios y de instituciones de educación superior a percibir un salario digno.

“Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este Capítulo tienen el derecho a percibir un salario digno el cual se incrementará, cuando menos, anualmente al mismo tiempo y en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor, considerando para tal efecto el correspondiente al mes de enero de cada año; esto, sin menoscabo al salario y demás prestaciones devengadas o que pueda afectar la negociación colectiva en las que el incremento sea superior, así como el de otras prestaciones legalmente acordadas”.

Sindicatos de todo el país recaban firmas para presentar e impulsar esa iniciativa en la Cámara de Diputados el próximo martes, la cual está enfocada a solicitar un incremento presupuestal para las universidades públicas y un aumento salarial a todo el personal.

El argumento es que a partir de 2015 los recursos destinados a las universidades públicas han caído y para el siguiente año se prevé una nueva baja, por lo cual requieren una nueva política de financiamiento a la educación superior que garantice la obligatoriedad y gratuidad de ésta.

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