Asamblea del CIDE denuncia que con la iniciativa de AMLO busca desaparecer al Conacyt

Rebeca Marín

La Asamblea Académica Permanente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) denunció que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dirigido por María Elena Álvarez Buylla, intenta de nuevo reformar el Estatuto General del Centro “a espaldas de la comunidad y sin respetar las normas que éste establece”.

En un comunicado, informó que este martes se enteró de que el Conacyt convocó a una reunión extraordinaria de su Asamblea de Asociados para el viernes 16 de diciembre, para presentar un paquete de reformas al Estatuto General del CIDE que, desde hace poco más de un año dirige, de manera ilegal, José Antonio Romero Tellaeche.

Luego, enumeró cada una de estas reformas:

  1. Anular las facultades del Consejo Académico como órgano de decisión, para que solo “conozca y opine” sobre las decisiones del director general. Según la Asamblea, con esa reforma “pretenden quitar el poder de decisión al Consejo Académico, concentrando todas las facultades de gobierno en la Dirección General”.

Y alertó: “De implementarse estas reformas, el Centro se convertirá en una institución absolutamente vertical y autoritaria, pues ya no habrá el contrapeso del Consejo Académico en el gobierno del CIDE. El cuerpo de profesores no podrá votar sobre las reglas académicas, de ética, de evaluación ni sobre los programas académicos. La comunidad quedarácompletamente desamparada ante la toma de decisiones arbitrarias del Director General”.

  1. Cambiar la integración del Consejo Directivo del CIDE, su máximo órgano de dirección. La reforma propone reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE) por la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con la Asamblea, “esto parece ser una medida de castigo, puesto que el INE ha sido una voz autónoma que se ha opuesto a las ilegalidades que el Conacyt ha querido hacer con el CIDE”.

  1. Cambiar la integración del Consejo Académico: Actualmente en el Consejo Académico participan los Directores de División y un representante elegido por las y los profesores de cada División. La propuesta pretende añadir ocho integrantes más designados por el Director General, lo que diluye la representación del profesorado.

Con ello, “en vez de dar más voz al personal académico, o incluir la voz de los estudiantes –como ha sido una exigencia de las alumnas y alumnos del CIDE– se pretende ampliar el poder del Director General: más de dos terceras partes de sus integrantes ahora serían designados directamente por él”; es decir, por Romero Tellaeche.

Ante la intención anunciada por el Conacyt, la Asamblea Académica Permanente del CIDE protestó por las siguientes razones:

  1. El Conacyt “no ha seguido el procedimiento establecido por el Estatuto General para esta reforma”, pues no se ha dado a conocer previamente al Consejo Académico ni éste lo ha aprobado.

  2. “No es la primera vez que Conacyt intenta cambiar unilateralmente el Estatuto General del CIDE sin seguir la normatividad”. Y es que, en enero pasado, reformó el Estatuto para permitir nombrar a un secretario académico que no formaba parte del profesorado del CIDE. De hecho, existen varios amparos en contra de este acto que no se han resuelto.

  3. Romero Tellaeche “no ha informado al Consejo Académico ni a la comunidad del CIDE en general de la propuesta de reforma del Estatuto General”.

La Asamblea recordó que hace un año, tras los nombramientos ilegales de José Antonio Romero Tellaeche y su entonces secretario académico, el Conacyt intentó hacer cambios como estos para anular al Consejo Académico. Sin embargo, los estudiantes, profesores y la comunicada académica nacional e internacional lograron detener la Asamblea de Asociados.

Luego, advirtió: “Con este nuevo embate, Conacyt y Romero Tellaeche vuelven a intentar el desmantelamiento del CIDE como institución académica plural, colegiada y con libertad de investigación”.

Por último, la Asamblea exhortó a los integrantes de la Asamblea de Asociados –Banco de México, secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México–, “a no ser cómplices de la destrucción del CIDE y a generar un grave precedente para el resto de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt”.

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