La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se consagró como el mandatario que más ha atentado contra la libertad de expresión.
Pero también cercenó el derecho a la información de los mexicanos, enterrando la Agencia del Estado Mexicano, Notimex.
Notimex no era una dependencia del Ejecutivo. Su cobertura también abarcaba los Poderes Legislativo y Judicial.
“Hoy más que nunca la labor informativa puede ejercerse sin necesidad de intermediarios como las agencias.
“Incluso sin medios profesionales que en otros momentos fungieron como canales exclusivos de información”, señala en su exposición de motivos la iniciativa de extinción de Notimex.
Falsamente el Ejecutivo dice que “el Estado garantiza plena libertad para expresarse, recolectar, difundir y publicar información e ideas”.
De entrada, López Obrador le negó a la senadora Xóchitl Gálvez (integrante del Poder Legislativo) el derecho de réplica concedido por un tribunal.
El mandatario minimizó la Agencia del Estado, a su única voz. Nadie más que las voces que él decide, se expresa en su conferencia matutina.
Según su propia fundamentación para desaparecer la Agencia, López Obrador destaca el importante papel de Notimex:
El 70% de la información nacional e internacional que generaba, se publicaba en más de mil 200 medios de nuestro país y el extranjero.
La extinción de Notimex deja sin el canal informativo mediante al Legislativo y Judicial.
El mismo atentado contra la difusión afecta a las 32 entidades federativas y más de 2 mil 475 municipios para difundir la imagen de México ante el mundo.
La decisión del Presidente dejará sin empleo a 245 trabajadores profesionales, que le dieron vida a la Agencia por 55 años.
Paradójicamente la liquidación de los empleados estará a cargo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Eso significa que la directora Sanjuana Martínez, que ejerció un presupuesto cercano a 500 millones en plena huelga por casi cuatro años, también recibirá su liquidación.
Amiga personal del Presidente, Martínez tiene pendientes aclaraciones ante la Auditoría Superior de la Federación y comparecencias ante el Senado.
En agosto pasado el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) reportaba en activo a 63 personas que cobraban salario en la agencia en huelga.
Por ejemplo, la directora general registraba 130 mil 922 pesos de salario bruto mensual, y con el descuento queda en 90 mil 990 pesos al mes.
Eso quiere decir que, durante casi cuatro años de huelga, Sanjuana Martínez percibió casi 4 millones de pesos, sin trabajar ni rendir cuentas.
Eso prevalece en la agencia que el Presidente sustituyó por su conferencia matutina, plataforma para disparar todos los días odio, ataques, censura, denostación y mentiras.
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