Ministra de la Corte busca acotar la prisión preventiva oficiosa

Argumentando que afecta la presunción de inocencia, Margarita Ríos Farjat propondrá que la prisión en automático se aplique de manera justificada; de aprobarse, se solicitará a la FGR medidas para evitar liberaciones masivas.

La ministra Margarita Ríos Farjat propondrá acotar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, impulsada por el gobierno federal, y reinterpretar la figura para que deje de ser automática.

Proceso confirmó que la ministra repartió entre sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas leyes que fueron reformadas en febrero de 2021 para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.

El proyecto de la ministra Ríos Farjat será discutido en septiembre próximo y establece una reinterpretación de la figura de prisión preventiva oficiosa para que deje de aplicarse en definitiva de manera automática y que el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Fiscalía General de la República elaboren un esquema de revisión de los casos que evite liberaciones masivas e inmediatas.

La reforma analizada por la ministra implicó cambios a las leyes secundarias en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, electorales y corrupción, entre otras, para adecuarlas a la ampliación establecida desde 2019 en la Constitución sobre el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional.

La ministra Ríos Farjat propondrá a sus compañeros acotar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, pues destacó que no todos los que fueron parte de las reformas a las leyes secundarias de 2021 forman parte de los delitos incorporados mediante la reforma constitucional de 2019.

Así, la ministra plantea avalar las reformas para homologar la inclusión al catálogo del 19 constitucional los delitos contra la salud, abuso sexual o violación cometida contra menores de edad, el feminicidio, el robo a casa habitación, la desaparición forzada, los delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea y de corrupción.