García Luna pretexto; funcionarios 4T, continúan lucrando con sangre mexicana
DE PUÑO Y LETRA
+DESDE EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS "INVERSIÓN EN SEGURIDAD" DESPILFARRO ENORME SIN RESULTADOS.
+CONTRATOS PARA COMPRA DE ARMAS, ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS Y RENTA DE INMUEBLES NEGOCIO BOYANTE.
+CORRIERON RÍOS DE SANGRE TAMBIÉN CON AMLO; PESE A SU POLÍTICA DE "ABRAZOS NO BALAZOS".
+GENERALES Y ALMIRANTES, ASÍ COMO EMPRESARIOS Y TRAFICANTES, LOS VERDADEROS "GANONES" DEL SEXENIO.
ARIEL VELÁZQUEZ/ COLUMNA POLÍTICA
Como lo adelantamos hace más de dos décadas, las autoridades mexicanas y del vecino país del norte, lo mismo que fabricantes de armas en países de Europa lo mismo que de Brasil, continúan lucrando con el pretexto de combatir al narcotráfico.
Ya hace un siglo que se comprobó que la prohibición del alcohol en Estados Unidos solo sirvió para que se hicieran millonarios empresarios y autoridades, al grado que una vez que se permitió la libre venta, se derribaron imperios del crimen.
Con AMLO se quedaron en el tintero las modificaciones constitucionales para permitir la libre comercialización de la mariguana y otras drogas "blandas". Con ello se le hubiera quitado al hampa una importante fuente de recursos, sin embargo pudieron más los altos funcionarios gubernamentales en especial los jerarcas de las fuerzas armadas, para que no les quitaran su negocio.
Ahora esperamos que con Claudia Sheinbaum, si avancemos en este tema.
FELIPE CALDERÓN TAMBIÉN PODRÍA CAER EN LA CÁRCEL SI GARCÍA LUNA HABLA
NADA CAMBIÓ CON 4a. TRANSFORMACIÓN
La cronista fílmica Ana Sanches de la Nieta, al narrar la trama de la cinta "El SEÑOR DE LA GUERRA" protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Andrew Niccol quien también escribió el guión, saca a relucir que dicho realizador demostró con su filmografía que es posible entretener mientras se hace pensar.
En «El señor de la guerra», misma que ya tiene más de 15 años de su realización, en específico se describe el tema del tráfico de armas, donde todo es amoral y tiene como finalidad la máxima ganancia, sin importar el derramamiento de sangre entre hermanos.
RIOS PURPURAS
Por eso, nos sorprende que los grandes estudiosos de estos temas no se den cuenta o no lo difundan que las bandas de los narcodelincuentes son solo son utilizadas por el Estado para lucrar a través de la concesión de millonarios contratos para adquisición de armas, vehículos, miles de uniformes y otro pertrechos.
Está el caso como dijera el mismo AMLO que diversos empresarios "invirtieron" en el arrendamiento de penales en época de Felipe Calderón y su prestanombres ahora sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos, Genaro García Luna.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato reveló desde hace dos años que Grupo Imagen obtuvo dos contratos por 3 mil 500 millones anuales.
“Qué tiene que ver el periodismo con esto”, cuestionó el primer mandatario en su conferencia desde Palacio Nacional. Asimismo, refirió que esa empresa de medios de comunicación está muy enojada con su gobierno porque esos negocios se están acabando y por ello lo atacan los comunicadores que en ella trabajan.
El entonces presidente López Obrador recordó que en estos contratos que operaban las prisiones federales se están haciendo reajustes para beneficio de la hacienda pública, pues eran excesivos los costos y, al final de la contratación, el gobierno no iba a ser el dueño de esas instalaciones.
Como producto de estas revelaciones y negociaciones López Obrador posteriormente informó que se logró “un buen acuerdo” con las empresas que tienen contratos para administrar reclusorios en el país, los cuales se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón y donde reiteró que eran leoninos. Pero no solo en ese sexenio ocurrieron estas transas, desde la época de Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Peña Nieto, en fin el sistema está podrido.
Sobre el tema AMLO sostuvo que gracias a sus gestiones, las empresas que administran 12 reclusorios realizaron un descuento del 15% de los 276 mil millones de gasto en 20 años, es decir, 41 mil mdp menos y las instalaciones pasarán a formar parte del patrimonio nacional.
Recalcó que "No hicieron licitaciones, fueron adjudicaciones directas, es decir, se entregaron los contratos, para ocho reclusorios y con el compromiso de pagar año por año por la administración de los reclusorios, en un tiempo de 20 años; además de que el pago era excesivo, entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo prisioneros, reclusos, había que pagar el 100%, además, al finalizar el contrato de 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares".
Eso es un claro ejemplo-dijo- de lo que son las privatizaciones y hasta donde se llegó, porque no nada más fueron los bancos, las minas, las tierras, no, sino que se privatizaron hasta los reclusorios, todo era hacer negocio mediante al amparo del poder público“, indicó el mandatario mexicano, quien se quedó corto, ya que lo que procedió de acuerdo a abogados consultados, eran las revocaciones de las concesiones y hasta cárcel para los principales actores.
SISTEMA PUTREFACTO
Y si esto es a nivel federal, donde por cierto también se denunció que hubo sobreprecio en la adquisición de patrullas por el Grupo Andrade, lo que motivó que la misma Secretaría de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodriguez, sostuviera que todo fue legal.
Hace un mes, el reportero Ramón Flores, de El Centinela Informa, y de The Human Hoy, se presentó en la conferencia de Palacio Nacional por segunda ocasión para exhibir el caso en el que asegura que hay encubrimiento sobre esta empresa que ha obtenido importantes licitaciones del gobierno y asegura que con sobreprecios.
La primera vez fue en 2022, dijo, y el presidente se comprometió a investigar el caso y a dar información al respecto.
No obstante, meses después, en febrero de este año, la firma obtuvo dos licitaciones de la Secretaría de la Defensa (Sedena) por más de 8 mil millones de pesos, sumándose a otros contratos que tiene con la Guardia Nacional para patrullas.
Otro caso es lo que reveló el experto en Temas Anticorrupción y de Transparencia, José Luis Moyá Moyá, quien expuso que el mecanismo por el que la renta de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, misma que utilizó la ex gobernadora y aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, así como para la extinta Policía Federal Preventiva, habría amparado un posible fraude del orden de los 5 mil millones de pesos, gracias a contratos de arrendamiento en los que se cobran cantidades superiores a los precios de mercado en el arrendamiento de vehículos utilitarios.
PEÑA NIETO Y GENERAL CIENFUEGOS, PUDIERON SER LOS PRÖXIMOS PROCESADOS.
Moyá manifestó a Los Ángeles Press, que calculó estas cifras gracias a su análisis de los datos de los sistemas de Transparencia de la Contraloría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal.
Lo que se desprende, enfatizó, es el pago por servicios a precios muy por encima de los valores de mercado, además de la evasión multimillonaria de impuestos.
Uno de los elementos de prueba es que, dijo, aun cuando las empresas están obligadas a llevar a cabo los trámites por cada vehículo arrendado, ni el anterior secretario de la SSC de la Ciudad de México, Jesús Orta, ni el actual, Omar García Harfuch han obligado a las empresas a cumplir esa obligación, a pesar de que ya han pagado los contratos.
En el caso de la extinta Policía Federal Preventiva, se trata de mil 500 patrullas pagadas a un precio de 2.7 millones por cada vehículo.
Esas operaciones ocurren desde 2019. A pesar de prestar un servicio público fundamental, carecen de los documentos que los «den de alta» en ese servicio; tampoco cuentan con placas, no hay registros de que paguen las tenencias o sus equivalentes o de que, por alguna razón, hubieran sido exentados del pago de ese derecho. Tampoco hay registros de que cumplan con la obligación de realizar las verificaciones semestrales para garantizar que no contaminen al circular.
En la Fiscalía y Policía capitalinas ha sido posible identificar tres contratos de arrendamiento de patrullas en por un valor total de tres mil 300 millones. Esas cantidades amparan la renta de mil 850 patrullas a 2.1 millones de pesos por cada vehículo. De manera adicional, existen dos contratos, cada uno por mil millones de pesos, que amparan la renta de 810 vehículos cada uno, bajo el mismo esquema en el que, además del sobreprecio respecto de los valores de mercado, las empresas arrendadoras no dieron de alta los vehículos, no generaron placas, ni pagaron tenencias.
Tampoco hay evidencia de que hayan realizado las verificaciones en estos tres últimos años. Las placas que tienen los vehículos oficiales fueron mandadas a hacer en la empresa COMISA, en lugar de haber sido tramitadas ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como ocurre con cualquier otro vehículo.
Luego de que Moyá Moyá realizará esta denuncia, el investigador ha sido denunciado penalmente por Isabel Miranda Torres, que lo acusa de extorsión, sin pruebas, como represalia por haber expuesto las operaciones entre empresas del Grupo Andrade, las arrendadoras de las patrullas y entidades de seguridad pública. Además, el Grupo Andrade ha desatado una campaña en contra de Moyá.
Grupo Andrade es, en sus orígenes, una de las concesionarias más importantes de la Ford Motor Company en la Ciudad de México. Es decir, tienen intereses en el ramo automotriz y son, al mismo tiempo, propietarios de El Heraldo de México (El Heraldo Media Group), además de contar con vínculos de distinta naturaleza con los diarios El Universal, La Razón, Reporte Índigo y Eje Central, además de intereses en estaciones de radio. Como parte de esa campaña, han acusado a Moyá de ser un «presunto extorsionador».
SIN ANESTESIA
Por eso, es irónico que mientras millones de mexicanos tengamos miedo, las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno, lo mismo que militares y marinos, se "amafien" para que siga operando la narcodelincuencia, ya que con ello, continúan ganando y obteniendo millonarias ganancias y puestos públicos en todo el aparato gubernamental ¡Pobre México!
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