Morena va por geolocalización y padrón de telefonía en reforma de telecomunicaciones

Rebeca Marín

Aunque Morena desistió y eliminó el artículo que permitía al Ejecutivo ordenar el bloqueo de plataformas digitales, mantuvo intactos otros apartados preocupantes de la reforma en materia de telecomunicaciones que amplían el poder de vigilancia del Gobierno: acceso a la geolocalización, grabaciones y mensajes, en tiempo real de usuarios y la creación de un nuevo padrón telefónico.

El dictamen modificado, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, será discutido este viernes en comisiones del Senado y podría votarse el sábado en el pleno. Especialistas y opositores advierten que la propuesta configura un andamiaje legal para una vigilancia masiva sin controles efectivos.

El polémico artículo 109 —que facultaba a la Agencia Digital a solicitar el “bloqueo temporal” de plataformas— fue eliminado tras la presión de organizaciones civiles y académicos, quienes lo señalaron como un mecanismo de censura sin orden judicial. No obstante, la nueva redacción en los artículos 182 y 183 apunta a un control digital del gobierno hacia los usuarios de telefonía que convierte a las prestadoras de servicios en agencia de espionaje.

El artículo 182 obliga a concesionarios y proveedores de servicios a entregar a las autoridades, mediante simple orden escrita, cualquier información requerida: llamadas, mensajes, datos personales y registros. Las dependencias de seguridad, por su parte, deberán designar funcionarios responsables de tramitar estas solicitudes y publicarlos en el Diario Oficial.

El artículo 183 va más allá: impone la obligación de colaborar con la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo móvil y de conservar registros detallados de las comunicaciones, incluyendo:

• Nombre y domicilio del usuario,

• Tipo de comunicación (voz, datos, SMS),

• Números de origen y destino,

• Fecha, hora y duración de las llamadas,

• Celda desde la que se activó el servicio.

Estas obligaciones aplicarán incluso a las líneas de prepago, lo que —según analistas— implica una reedición del fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), invalidado por la Suprema Corte en 2022 por violar el derecho a la privacidad.

El dictamen también contempla sanciones penales para los concesionarios que incumplan estas disposiciones. Será la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —órgano del Ejecutivo que sustituye al IFT— la encargada de emitir los lineamientos técnicos para garantizar una “colaboración efectiva y oportuna” con las autoridades.

Uno de los puntos más controversiales es el artículo transitorio Trigésimo, que ordena a dicha Comisión emitir, en un plazo no mayor a 120 días hábiles, los lineamientos para identificar todas las líneas móviles activas en el país. Si al final del proceso alguna línea no está asociada a un usuario plenamente identificado, será suspendida y sólo podrá utilizarse para llamadas al 911.

Pese al retiro del “apagón digital”, el dictamen mantiene un esquema de vigilancia que expertos consideran intrusivo, opaco y sin garantías judiciales. Morena y sus aliados perfilan aprobarlo este fin de semana, en el marco del periodo extraordinario de sesiones.