Empresarios del Edomex enfrentan extorsión como “segunda renta” que ahoga negocios
Rebeca Marín
La extorsión se ha convertido en una carga paralela para empresarios del Estado de México, quienes enfrentan amenazas constantes que afectan la operación de sus negocios.
Con mil 548 denuncias de corrupción hasta el 31 de julio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y; el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, a cargo de Mauricio Massud Martínez, manifestó que la iniciativa privada ha pagado durante años una segunda renta en favor de los criminales.
En un pronunciamiento hecho sobre la próxima discusión de la Ley General contra la Extorsión, a celebrarse en el Congreso de la Unión, el representante de dicha organización empresarial dijo que el derecho de piso y la extorsión han sido flagelos que azotan toda la cadena productiva del estado.
Indicó que estos delitos van en detrimento de la sociedad en general al cerrarse negocios porque ya no resisten las presiones de la delincuencia organizada y por ende, se pierden empleos. Y además afirmó:
Es una problemática que está asociada de manera directa al cierre de negocios, la pérdida de patrimonio y, por supuesto, a la generación de empleos.
Mauricio Massud Martínez se pronunció en favor de trabajar de manera coordinada entre todos los sectores de la sociedad, debido a que la entidad se encuentra entre las más golpeadas por el delito de extorsión a nivel nacional.
En los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad aún falta por incluir los correspondientes a agosto. La información oficial refiere que el mes más crítico con el mayor número de denuncias por extorsión fue febrero, con un total de 302 casos, para acumular hasta el 31 de julio mil 548.
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México advirtió que la intención es recuperar la confianza de la población para que se anime a denunciar, ya que muchos de los afectados por organizaciones criminales temen acudir ante las autoridades correspondientes para levantar una carpeta de investigación. Y aseveró que:
Los gobiernos de los estados tienen la obligación de asignar recursos propios, inteligencia y difusión sobre la denuncia para disminuir de manera efectiva el delito de extorsión, si se trata de homologar, tipos penales, sanciones y la línea 089, pero también vemos algunos puntos estructurales que no se han considerado como la red de corrupción que se tiene dentro de los centros penitenciarios y que siguen siendo uno de los principales puntos de donde emergen las llamadas”.
Ante este panorama, el sector empresarial del Estado de México exige acciones concretas y coordinadas para frenar la extorsión que amenaza la estabilidad económica y social. Recuperar la confianza ciudadana, fortalecer las denuncias y combatir la corrupción en centros penitenciarios son pasos urgentes para proteger el patrimonio y los empleos de miles de familias.
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