Empresarios advierten que reforma a Ley de Amparo puede frenar inversión y empleo
Rebeca Marín
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado y en discusión en el Congreso, puede frenar la inversión, debilitar la competitividad y poner en riesgo la generación de empleo en México.
Las organizaciones empresariales señalaron que, aunque el objetivo de la reforma es agilizar la justicia, varias disposiciones limitan el alcance del juicio de amparo como instrumento de defensa legal y ponen en entredicho la seguridad jurídica, un pilar esencial para el Estado de Derecho.
Canacintra explicó que el juicio de amparo ha sido históricamente una salvaguarda para la actividad empresarial y la defensa de derechos colectivos.
Sin embargo, la reforma incluye cambios que consideran regresivos, como la restricción del interés legítimo, la limitación de suspensiones provisionales y la posibilidad de incumplir sentencias bajo el argumento de “imposibilidad jurídica o material”.
Si estas disposiciones avanzan, la confianza de los inversionistas se vería comprometida. Sin certeza jurídica no hay inversión ni empleo, Canacintra
Uno de los puntos que más preocupa es la restricción a la suspensión provisional del acto reclamado, clave para evitar daños irreversibles mientras se resuelve un juicio.
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Canacintra alertó que excluir la suspensión inmediata en casos como bloqueos de cuentas, telecomunicaciones, sistema financiero o concesiones en sectores estratégicos, “genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión”.
Coparmex coincidió al señalar que, sin la posibilidad de suspender de inmediato un acto que afecta la operación de una empresa, muchas no podrán continuar activas durante el litigio.
Otro aspecto crítico es la redefinición del interés legítimo, que ahora solo podría invocarse si se acredita una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”.
De acuerdo con Coparmex, esta limitación dejaría sin representación a comunidades, organizaciones y cámaras empresariales que buscan detener la aplicación de normas inconstitucionales antes de que causen un daño irreversible.
“Se corre el riesgo de excluir a quienes defienden causas de interés colectivo, como la protección ambiental, la competencia económica o la defensa de consumidores”, subrayó el organismo.
Las cámaras empresariales también alertaron sobre la disposición que exime de responsabilidad penal a autoridades que no cumplan con una sentencia de amparo si alegan imposibilidad jurídica o material.
Coparmex consideró que este cambio “reduce la eficacia del amparo”, ya que bastaría con que una autoridad alegue falta de presupuesto para incumplir una resolución judicial.
La reforma también introduce restricciones en materia fiscal y financiera que afectan directamente la liquidez de las empresas.
Canacintra señaló que se eliminan posibilidades de ampliar demandas y se limita el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución, lo que “deja a las compañías con menos herramientas de defensa”.
Coparmex agregó que las nuevas reglas para garantizar créditos, que solo permiten depósitos en efectivo o cartas de crédito, incluyen opciones como inmuebles o negocios en marcha, lo que coloca en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
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