Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR
Martín Aguilar
Tras la entrega masiva de 37 presuntos miembros del crimen organizado a Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2026, abogados y familiares de los trasladados han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Consejo Nacional de Seguridad, señalando presunta “traición a la patria y coalición de servidores públicos”.
En una conferencia de prensa celebrada este lunes en la Ciudad de México, representantes legales y familiares de narcotraficantes trasladados a Estados Unidos afirmaron que las autoridades mexicanas actuaron fuera del marco legal al entregar a los reos sin órdenes judiciales de extradición ni posibilidad de agotar recursos legales en el país.
La abogada Yarey Sánchez Lagunas, defensora de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de los Arellano Félix, señaló: “Esto nos obliga a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.
En la denuncia presentada ante la FGR, los abogados acusan al Consejo Nacional de Seguridad —integrado por la propia FGR, las secretarías de Seguridad, Gobernación, Defensa, Marina y la Presidencia—.
Argumentan que la entrega exprés de los detenidos a Estados Unidos constituye un “destierro” prohibido por la Constitución mexicana y vulnera pactos legales internacionales sobre derechos humanos.
Vanesa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27” (líder regional de Los Zetas y uno de los trasladados), afirmó que su esposo llevaba 13 años en prisión en México, era candidato a libertad condicionada y no logró despedirse de su madre enferma ni de sus hijos: “El envío de mi pareja es un destierro. Hasta ahora no sabemos de él. No ha realizado ni su llamada legal permitida”.
Sánchez Lagunas representa también a Itiel Palacios García, alias Compa Playa, miembro de alto rango del CJNG enviado a EEUU en febrero de 2025, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, de la cúpula del cártel de los Arellano Félix, trasladado en agosto. Ambos serán sumados formalmente a la denuncia colectiva, y los abogados han invitado a familiares de otros extraditados a sumarse a futuras acciones legales.
Desde febrero de 2025, el gobierno mexicano ha enviado a Estados Unidos a 92 detenidos vinculados al crimen organizado, en tres entregas distintas, bajo un esquema de cooperación bilateral. El gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que los traslados fueron legales, realizados en el marco de la Ley de Seguridad Nacional.
Defensores y familiares sostienen que muchos enviados a Estados Unidos ya estaban cumpliendo sentencias en México, algunos incluso eran candidatos a libertad condicional, y que la entrega destruyó planes de reintegración social y familiares, afectando a madres, hijos y proyectos de vida de los reos.
El gobierno mexicano ha recalcado que ningún extraditado enfrentará la pena de muerte, en cumplimiento de acuerdos bilaterales.
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