Coordenadas Políticas/Martín Aguilar/Relaciones peligrosas
Es bien sabido que hay lazos históricos, políticos y económicos que han unido a México y Venezuela. Desde afinidades ideológicas entre distintos gobiernos hasta intercambios comerciales en sectores estratégicos, la relación bilateral ha estado marcada tanto por acuerdos formales como por redes empresariales que han operado a la sombra de la diplomacia.
Ahora que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y enfrenta cargos en Nueva York, en un caso con amplio impacto geopolítico y diplomático en la región, es previsible que comiencen a emerger tensiones y revisiones sobre vínculos económicos que durante años permanecieron fuera del foco.
Ese contexto obliga a voltear la mirada a relaciones comerciales que podrían adquirir otra dimensión a la luz de investigaciones transnacionales. Dentro de ese escenario aparece la historia reciente de El Sardinero, empresa de alimentos, cuya trayectoria de contratación con el gobierno se ha extendido por más de una década.
Entre 2011 y 2025, de acuerdo con registros oficiales, la empresa acumuló 22 contratos gubernamentales por un monto total de 149.9 millones de pesos. Su presencia ha sido constante en el aparato de contratación pública, tanto a nivel federal como estatal, atravesando distintos sexenios sin interrupciones.
El análisis de los montos revela picos significativos. Tan sólo en 2014 y 2015, durante la administración de Enrique Peña Nieto, concentró contratos por más de 108 mdp, lo que representa más del 70 por ciento del total histórico identificado. Estos años coinciden con una etapa de expansión acelerada de proveedores de alimentos ligados al sector público, particularmente bajo esquemas de contratación cuestionados por su baja supervisión, limitada competencia y escasa trazabilidad del gasto.
Este historial adquiere una relevancia adicional a partir de un oficio atribuido a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), revelado por el proyecto periodístico Pie de Nota, en el que aparecen mencionados distintos actores empresariales del sector, entre ellos El Sardinero y su propietario.
Según el documento filtrado, algunas de estas empresas formarían parte de un entramado que habría utilizado contratos de servicios de alimentación con el sector público para facilitar presuntos esquemas de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, operando junto con empresas asociadas o proveedoras recurrentes del gobierno.
El mismo documento subraya que los contratos de alimentos en instituciones públicas, incluidos penales, hospitales y dependencias federales, representan un sector de alto riesgo, debido al manejo de grandes volúmenes de recursos, la complejidad logística y la limitada fiscalización.
No se conoce aún una investigación formal que estuviera analizando este tipo de contratos, sus mecanismos de adjudicación, condiciones, niveles de cumplimiento y vínculos empresariales dentro del sector. Tampoco se ha informado si las autoridades mexicanas han solicitado o recibido información de Estados Unidos respecto a las filtraciones que han circulado en torno a estos esquemas, un silencio institucional que contrasta con la magnitud de los señalamientos.
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