26 mayo, 2026

Llama Asociación Mexicana de Internet a discusión pública seria sobre iniciativas a reformas constitucionales

Rebeca Marín

A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Internet (AIMX) expresó su preocupación respecto de la iniciativa de reforma constitucional y legal presentada en materia de nulidad de elecciones por presunta “intervención o injerencia extranjera”.

Luego de que la Comisión Permanente del Senado recibiera la propuesta para modificar los tiempos en que se celebrará el proceso para la próxima elección del Poder Judicial, el organismo consideró que este proyecto contiene elementos que podrían generar riesgos significativos para la libertad de expresión, la seguridad jurídica, los derechos digitales y el funcionamiento abierto del ecosistema democrático digital.

La iniciativa propone incorporar al artículo 41 constitucional una nueva causal de nulidad electoral vinculada con la presunta participación de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros en procesos electorales mexicanos, señaló.

Asimismo, plantea modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral bajo una narrativa de defensa de la soberanía nacional.

La Asociación reconoce plenamente que existen riesgos reales asociados a operaciones de desinformación, uso antiético de Inteligencia Artificial, campañas coordinadas de manipulación digital, “deepfakes” y mecanismos de influencia indebida sobre procesos democráticos. Combatir dichas prácticas es un objetivo legítimo del Estado mexicano, Consideró AIMX

Sin embargo, precisamente por la complejidad técnica y jurídica de estos fenómenos, explicó, cualquier regulación debe construirse con definiciones estrictas, criterios verificables, controles judiciales robustos y pleno respeto al marco constitucional y convencional de derechos humanos.

Señaló que la ausencia de taxatividad normativa y precisión conceptual podría abrir espacios de interpretación expansiva incompatibles con los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica que rigen la materia electoral mexicana.

“Nos preocupa especialmente que actividades legítimas o estructuralmente inherentes al funcionamiento global de internet puedan eventualmente quedar sujetas a cuestionamientos jurídicos o litigios político-electorales”, se enfatizó en el comunicado.

Entre ellas, explicó, se encuentran opiniones emitidas por personas extranjeras, investigaciones periodísticas de medios internacionales, campañas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, modificaciones algorítmicas realizadas por plataformas digitales, contratación de consultoría política internacional, publicidad segmentada y contenidos generados mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Internet constituye una infraestructura global y transnacional por diseño, por lo que, consideró que gran parte de la comunicación política digital contemporánea involucra necesariamente componentes extranjeros relacionados con servidores, algoritmos, almacenamiento, publicidad digital, servicios de nube, moderación de contenidos e infraestructura tecnológica.

En ese contexto, resulta indispensable definir con claridad qué debe entenderse jurídicamente por “intervención extranjera” dentro de un entorno digital globalizado e interconectado. Hasta este momento, la iniciativa no parece resolver adecuadamente ese dilema estructural.

“La Asociación Mexicana de Internet manifiesta además su firme preocupación frente a cualquier esquema regulatorio que pueda derivar en mecanismos de control expansivo sobre plataformas digitales o en modelos de monitoreo masivo incompatibles con una democracia constitucional”, añadió.

México, señala en el documento, ha construido durante décadas un sistema electoral sustentado en los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y equidad en la contienda.

Por ello, consideró que toda reforma electoral debe ser plenamente compatible con dichos principios y con el bloque de constitucionalidad en derechos humanos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión y participación política.

“La Asociación Mexicana de Internet hace un llamado al Congreso de la Unión, autoridades electorales, academia, especialistas técnicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para abrir una discusión pública sería, interdisciplinaria y basada en evidencia sobre los desafíos contemporáneos de la democracia digital, garantizando en todo momento el pleno respeto al orden constitucional mexicano y a los derechos fundamentales de las personas usuarias de internet”.

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