Congreso de la CDMX aprueba reformas para reforzar el combate a la extorsión
Martín Aguilar
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por 40 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones un paquete de reformas al Código Penal capitalino para combatir la extorsión y añadir el delito de “hostigamiento coercitivo”, cuya pena será de hasta siete años de prisión y una multa que alcanzará los 117 mil pesos.
El dictamen a la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también propone tipificar como un delito el uso de la Inteligencia Artificial para la usurpación de identidad y cambia la denominación de Código Penal del Distrito Federal por el de Código Penal de la Ciudad de México.
En el caso del delito de “hostigamiento coercitivo”, los define como los hechos en los que una persona recurra a la violencia física o moral, a fin de obligar a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.
Alberto Pérez Urrincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pidió el voto a favor del dictamen, ya que permitirá combatir la extorsión y la usurpación de identidad por medio de la Inteligencia Artificial.
Al respecto, el diputado de Morena, Luis Chávez, afirmó en la tribuna que los delincuentes ya no emplean métodos tradicionales para extorsionar, sino que ahora adoptan la tecnología avanzada con la finalidad de engañar y vulnerar la tranquilidad de las familias.
Aprobar este dictamen no significa frenar la innovación tecnológica, sino establecer un límite claro: quien utilice el ingenio y la tecnología para someter, extorsionar, robar la tranquilidad de las personas, enfrentará consecuencias penales severas, Luis Chávez, diputado local de Morena
Por la fracción del Partido Verde Ecologista de México, su coordinador Manuel Talayero, confió que con el dictamen se terminarán las llamadas de extorsión desde los reclusorios y de personas que dicen ser integrantes de un grupo delictivo, por lo que anticipó que el voto de su bancada era a favor.
El dictamen también abordó la problemática de los “montachoques”, a fin imponer agravantes a quienes reinciden en esa actividad y la legislación local se pone en línea con la federal con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar esas conductas.
Luego vienen las sanciones por el cobro ilegal de deuda, las modificaciones establecen la imposición de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medidas de Actualización lo que equivale a 234 mil 620 pesos a 351 mil 930 pesos, respectivamente.
En materia de hostigamiento coercitivo, se establece que se impondrá de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice medios ilícitos, actos de violencia física o moral, hostigamiento o intimidación, para cobrar una deuda.
En los casos en que una persona, a través de violencia física o moral, pretenda obligar u obligue a la víctima a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de 500 a mil UMAS, es decir, 58 mil 665 pesos a 117 mil 310 pesos.
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