Secretaría de Economía confía en sortear nuevos aranceles de Trump
Rebeca Marín
La Secretaría de Economía (SE) confía en que México podrá evitar la imposición de aranceles adicionales propuestos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que plantea gravar con 10 por ciento las importaciones provenientes del país, bajo el argumento de que no aplica con eficacia su prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso.
En un comunicado, la dependencia federal señaló que el gobierno mexicano presentará argumentos en contra de los supuestos de la investigación y que confía en que la propuesta será modificada a partir de los resultados de las mesas de discusión bilateral que ambos países sostendrán en las próximas semanas, en el marco de la revisión del T-MEC.
La propuesta de Washington, dada a conocer este martes, asigna a México —junto con otras 13 economías, entre ellas la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido— un gravamen adicional de 10 por ciento. Para las 46 economías restantes sujetas a la pesquisa, la USTR plantea un arancel de 12.5 por ciento, aplicable a China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza, entre otros.
La investigación se realizó al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una vía que le permitiría al presidente Donald Trump sortear los límites arancelarios fijados por la Corte Suprema, la cual determinó en febrero pasado que la Casa Blanca había excedido su autoridad al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer gravámenes generalizados a sus socios comerciales.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, sostuvo que "el fracaso de algunos de nuestros más importantes socios comerciales al momento de abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajos forzados es inaceptable", al señalar que ello obliga a los trabajadores estadunidenses a competir en condiciones desiguales a escala global.
Los nuevos gravámenes no entrarían en vigor de inmediato. El proceso contempla un periodo de 45 días para recibir comentarios y celebrar consultas con los países involucrados.
Respecto a México, la USTR reconoció que en febrero de 2023 el país publicó un acuerdo que prohíbe importar bienes producidos con trabajo forzoso. Sin embargo, concluyó que no existen evidencias de que esa norma se haya aplicado desde su entrada en vigor, en mayo de ese año. El organismo señaló que la Agencia Nacional de Aduanas de México desestimó una petición recibida bajo esa medida a través de un proceso con escasa participación de trabajadores, sindicatos y sociedad civil.
La USTR también apuntó que México carece de algunos elementos considerados necesarios para que una prohibición de ese tipo resulte efectiva, como una lista pública de entidades y una presunción refutable. Pese a ello, reconoció que México "ha colaborado de buena fe con Estados Unidos" para atender las preocupaciones sobre la implementación de dicha norma.
La SE enfatizó en que el gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas.
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