Robo de identidad se dispara 327 % en México; busca PT en Senado endurecer penas de hasta 12 años de prisión por este delito
Rebeca Marín
Ante el crecimiento de este delito, el PT en el Senado impulsa reformas al Código Penal para castigar hasta 12 años de prisión la suplantación de identidad que ha generado n daños económicos, administrativos y morales de gran alcance en México sobre todo entre personas de la tercera edad.
Los casos de suplantación y robo de identidad en México aumentaron hasta un 84% y la usurpación de identidad se disparó un 327% pasando de mil 590 en 2024, a seis mil 791 registros en 2025, de acuerdo con la Dirección General Científica Unidad de Órganos Especializados de la Guardia Nacional.
El PT advirtió que la suplantación de identidad no sólo genera daño patrimonial, sino que puede ser conducta habilitadora para otros delitos, como la obtención fraudulenta de créditos, el uso indebido de cuentas o maniobras fraudulentas. En tal sentido, la Guardia Nacional ha advertido sobre el uso de suplantación de identidad para solicitar créditos financieros e hipotecarios u cometer otros ilícitos.
Asimismo, advirtieron que derivado del avance tecnológico a nivel mundial hoy la suplantación de identidad ya no depende sólo de documentos falsos o del uso indebido de datos personales; pues se pueden apoyar de herramientas capaces de imitar voz, imagen y patrones de comunicación de una persona, incrementando el riesgo de fraude y dificultando la detección oportuna del engaño.
Cerca del 44% de los mexicanos han sido víctimas de intentos de estafa derivados de estas prácticas, principalmente dirigidas a la obtención de beneficios económicos y contratación de productos financieros.
“Este delito, que en conjunto genera millones de pesos en pérdidas financieras, se concentra principalmente en fraudes de comercio digital, créditos no reconocidos y clonación de chips (SIM Swapping)”, advirtió la bancada encabezada por Alberto Anaya
La iniciativa presentada a la Comisión Permanente establece una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cuatrocientos a ochocientos días multa, además de la reparación del daño que corresponda para quien cometa el delito descrito.
Cuando la víctima sea un servidor público o se utilice información a la que se tenga acceso por el empleo, cargo, comisión, profesión, oficio o actividad; o cuando la víctima sea adulto mayor, persona con discapacidad, menor de edad o carezca de capacidad para comprender el hecho o para resistirlo, la pena podrá aumentarse hasta en un 50% de lo ya establecido.
La propuesta define la suplantación de identidad como la conducta en la que una persona se atribuye la identidad de otra o actúa con el consentimiento de ésta para suplantarla, con fines ilícitos que generan daños económicos, administrativos y morales de gran alcance.
La finalidad de esta medida es para proteger el patrimonio, la seguridad jurídica y la reputación de las personas, explicó la bancada del PT en el Senado.
La propuesta busca reformar el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, para incorporar un nuevo capítulo denominado “Suplantación de Identidad”.
En el ámbito financiero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha registrado asuntos relacionados con posible robo de identidad en la banca múltiple; estos casos incluyen créditos no reconocidos, tarjetas o cuentas no solicitadas, contratos no autorizados y disposiciones de efectivo no reconocidas, lo que refuerza la necesidad de medidas legales y técnicas para proteger a la población.
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) estima que en 2024 alrededor de 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito; el fraude se mantuvo entre los ilícitos más frecuentes, con una tasa aproximada de 7 mil 574 delitos por cada 100 mil habitantes.
“Estas cifras reflejan la magnitud del problema y su relación con la suplantación de identidad, además, el 93.2% de los delitos no se denunció o no derivó en carpeta de investigación, lo que evidencia un escenario de alta vulnerabilidad y baja denuncia en el que los fraudes pueden expandirse sin una respuesta institucional suficiente”, advirtieron.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.
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