COPARMEX exige digitalizar trámites y frenar extorsión oficial ante crisis de corrupción
Rebeca Marín
La corrupción se consolida como uno de los frenos más severos para la inversión, la competitividad y la creación de empleos formales en México. Durante el año 2025, este problema generó un costo promedio de 3 mil 865 pesos por ciudadano, la cifra más alta registrada en los últimos diez años.
En total, las pérdidas económicas globales por estas prácticas irregulares ascendieron a casi 17 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, presentados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
El balance del organismo empresarial revela que 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al interactuar con autoridades o realizar trámites el año pasado. El deterioro institucional colocó a México en el puesto 141 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una calificación de apenas 27 de 100 puntos posibles.
De igual forma, el indicador #MxSinCorrupción de la plataforma #DataCoparmex 2025 expuso que el 40.2% de las empresas socias del sindicato patronal fue víctima de corrupción en el último año, demostrando que cuatro de cada diez unidades económicas aún lidian con prácticas ilícitas.
El análisis detalla que la corrupción en el país posee un carácter estructural y se distribuye en los tres niveles de la administración pública. El ámbito municipal registra la mayor incidencia con el 62.2% de los casos, seguido por el estatal con el 57.8% y el federal con el 42.8%.
Además, casi una quinta parte de las empresas afectadas reportó haber sufrido extorsiones o corruptelas en los tres órdenes de gobierno de manera simultánea. A este panorama se suma el delito de extorsión y el cobro de piso, que afectó al 17.3% de las empresas víctimas de la delincuencia; en el 37% de estos incidentes, los cobros fueron ejecutados de forma directa por autoridades o por delincuentes que se hicieron pasar por servidores públicos.
La COPARMEX encendió las alertas respecto al impacto desigual de esta problemática, señalando que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son las que sufren las peores consecuencias al no contar con los recursos financieros para absorber pagos indebidos o retrasos administrativos.
Este sector es clave para la economía nacional, ya que concentra el 70.7% del personal ocupado en el país. El sindicato patronal puntualizó que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales.
Asimismo, el exceso de regulaciones actúa como un catalizador para la ilegalidad, pues los datos internos arrojaron que el 48.9% de los empresarios enfrentó serios obstáculos al gestionar trámites gubernamentales, viéndose obligados a destinar un promedio de 82 horas mensuales únicamente al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario o excesivamente complejo incrementa la discrecionalidad de los funcionarios y abre ventanas de oportunidad para el soborno.
A pesar de reconocer los esfuerzos institucionales vigentes, el sector patronal calificó las medidas actuales como insuficientes ante un nivel de impunidad alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el 98.9% de los actos de corrupción contra unidades económicas jamás se denuncia ni se investiga.
Ante este adverso escenario, la COPARMEX hizo un llamado urgente a establecer el combate a la corrupción como una prioridad nacional, exigiendo el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y una mejor coordinación institucional.
Entre sus principales demandas destacan el robustecimiento de los mecanismos de auditoría en los tres niveles de gobierno, la aplicación de sanciones efectivas y publicadas contra servidores públicos infractores, y la simplificación y digitalización de trámites para reducir la discrecionalidad.
Finalmente, urgieron la creación de canales de denuncia seguros, un combate frontal a la extorsión oficial y la inclusión obligatoria de la sociedad civil en la evaluación de estas políticas, reiterando su disposición para colaborar en las reformas regulatorias necesarias para devolver la certeza jurídica al país
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