Congreso capitalino pide a FGJ y DIF intensificar la prevención y sanción del abuso sexual infantil
Martín Aguilar
Desde el Congreso de la Ciudad de México la diputada local del PT, Miriam Saldaña Cháirez, promueve hacer un exhorto a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local, para que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, implementen y consoliden, en forma conjunta o separada, acciones integrales de prevención, investigación, persecución, sanción y erradicación del abuso sexual infantil.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el recinto de Donceles y Allende, sostuvo que el propósito es garantizar la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El punto de acuerdo que presentó en ese sentido y que de inmediato tuvo el apoyo de varias personas legisladores, fue remitido a comisiones del Poder Legislativo local con la confianza de que se avalará para hacer de manera formal el exhorto a las autoridades correspondientes.
La congresista petista exigió proteger a las niñas y niños que “son el presente y el futuro de nuestra sociedad”, al tiempo que aclaró que, por esa razón presentó la proposición para que tanto la FGJ de la Ciudad de México como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino actúen en combatir el abuso sexual infantil, con miras a que se erradique.
Consideró pertinente la coordinación para emprender acciones de prevención, investigación, persecución, sanción y erradicación de ese delito que atenta a las infancias.
Mediante la proposición con punto de acuerdo, Saldaña Cháirez insistió en la urgencia de construir una ciudad en la que ninguna niña, niño y adolescente enfrente la violencia en soledad.
Dijo que se tiene que actuar para que “denunciar no signifique volver a sufrir, dónde las instituciones actúen con sensibilidad, especialización y diligencia”.
Por ello manifestó que la protección de la infancia debe ser una responsabilidad compartida y permanente, en lo que deben participar no solo las autoridades competentes, sino también la sociedad con sus denuncias.
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