Renuncia la encargada de Seguridad de Santa Martha Acatitla tras muerte de seis internas
Martín Aguilar
La integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos, confirmó que Jessica López Avilés, encargada de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, renunció a su cargo luego de que se registrara la muerte continua de seis mujeres al interior del penal.
Para la representante popular panista la renuncia confirma que existían problemas graves en la operación del penal y que era necesaria una reestructura en el área de seguridad, al tiempo que delineó que la sustitución de una funcionaria no puede convertirse en el punto final donde mujeres mueren estando bajo custodia del Estado.
“Fui informada de esta renuncia por el Sistema Penitenciario; la reestructura en el área de seguridad era necesaria, pero la renuncia de una persona no esclarece la muerte de seis mujeres. Lo que la sociedad espera son investigaciones serias, verdad y responsabilidades”, sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación.
Garza de los Santos aclaró que “la exigencia no termina con una renuncia, sino cuando las familias conozcan la verdad, cuando se determinen las responsabilidades correspondientes y cuando existan garantías de que una tragedia como ésta no volverá a repetirse”.
Aprovechó para conminar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), para que ejerza plenamente sus atribuciones frente a un caso de esta gravedad.
“Seis muertes en tan solo unos meses exigen mucho más que un cambio de personal”, enfatizó y estableció que las familias de las víctimas continúan esperando respuestas.
Por lo anterior dijo que corresponde a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina determinar, mediante una investigación exhaustiva, si existieron omisiones, negligencia o responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos involucrados.
Refrendó que los hechos no pueden quedar reducidos a un relevo administrativo, pues el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.
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