Proponen usar Inteligencia Artificial y satélites para vigilar el medio ambiente en México
Rebeca Marín
La actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) fue planteada como una necesidad urgente en un foro nacional, donde se expuso que México ha perdido alrededor de cinco millones de hectáreas de bosques y selvas en los últimos 25 años y que cerca del 70% de sus cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación.
De acuerdo con los participantes del Foro Nacional para la Modernización de la LGEEPA, a casi cuatro décadas de su promulgación, la legislación ambiental vigente ya no responde a la realidad actual del país, marcada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el deterioro acelerado de los recursos naturales.
En el encuentro se recordó que la LGEEPA, emitida en 1988, sentó las bases de la política ambiental nacional, reguló la evaluación del impacto ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio y la conservación de áreas naturales protegidas. Sin embargo, según las intervenciones registradas, el marco jurídico enfrenta hoy retos considerados más complejos que los de hace casi 40 años.
Las cifras sobre deforestación y contaminación del agua fueron presentadas como evidencia de ese rezago. La pérdida de cinco millones de hectáreas de bosques y selvas en un cuarto de siglo y el hecho de que alrededor del 70% de ríos, lagos y otros cuerpos de agua tengan algún nivel de contaminación fueron expuestas como indicadores de la necesidad de fortalecer las políticas de protección, restauración y manejo sustentable del patrimonio natural.
En materia de ordenamiento territorial, se planteó reforzar la responsabilidad de los municipios en decisiones sobre cambio de uso de suelo. Según las opiniones vertidas en el foro, la falta de planeación local ha contribuido al crecimiento urbano desordenado, la degradación de ecosistemas y la contaminación de cuerpos de agua.
Los asistentes propusieron que una nueva legislación incorpore de manera explícita temas como la adaptación y mitigación del cambio climático, la restauración de ecosistemas, la economía circular, la protección de la biodiversidad, la conservación del agua, la degradación de suelos y el combate a la contaminación por plásticos y otros contaminantes emergentes.
Otro de los puntos abordados fue el uso de nuevas tecnologías para fortalecer la política ambiental. Se mencionó el posible empleo de imágenes satelitales de alta resolución, sistemas de información geográfica, monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial y ciencia de datos, con el argumento de que estas herramientas podrían mejorar la vigilancia, la planeación y la toma de decisiones en la materia.
En el foro se habló también de modificar la forma en que se distribuyen las responsabilidades. Los participantes coincidieron en que la protección del medio ambiente no debe recaer solo en el gobierno, sino asumirse como una tarea compartida entre autoridades, comunidades, pueblos indígenas, academia, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, bajo un modelo de gobernanza ambiental que, según se dijo, incluya mayor transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Entre las propuestas se incluyó fortalecer el principio de que quien dañe los recursos naturales asuma la responsabilidad de reparar el daño. También se planteó impulsar la restauración ecológica como política de Estado, incrementar el presupuesto destinado al sector ambiental y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Al cierre del encuentro se recordó que México es considerado uno de los países megadiversos del mundo y se argumentó que, por ello, tiene la responsabilidad de contar con una legislación ambiental actualizada que garantice el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, buscando conciliar el desarrollo económico con la conservación del patrimonio natural, de acuerdo con lo expuesto en el foro.
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