Van FGR y SHCP contra empresa de amigo de Andy
Rebeca Marín
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercitar acción penal contra los responsables de la empresa tabasqueña Portacelis Gas and Oil, ligada a Jorge Amílcar Olán —amigo de Andrés Manuel López Beltrán—.
A la compañía se le imputa un esquema de “huachicol fiscal” que provocó un quebranto al fisco por más de 834 millones de pesos, de acuerdo con un reporte de Reforma.
Según la declaratoria de perjuicio entregada a la FGR el 25 de marzo pasado por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, la empresa utilizó información falsa en 139 pedimentos de importación de combustibles ingresados en ferrotanques entre febrero y junio de 2025, evadiendo el pago de impuestos y derechos.
Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que el administrador único de Portacelis fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza y presunto prestanombres de Amílcar Olán. De la Cruz también figuraba como comisario en Romedic (proveedora de medicamentos del Insabi), accionista en la ferretera Poyago y vigilante en Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, donde Olán posee el 90% de las acciones.
El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz renunció al cargo y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, un joven de 32 años residente de una ranchería en Jalpa, Tabasco, sin antecedentes empresariales.
El periodista Raúl Olmos, de MCCI, calificó la salida de De la Cruz como una “estrategia bien planeada” para ocultar a los verdaderos fundadores tras una estructura de socios sin trayectoria y domicilios modestos. Tras el cambio, la denuncia del SAT fue dirigida contra Ulin, empleados y agentes aduanales, excluyendo a De la Cruz de los cargos directos.
En el marco de las indagatorias, trascendió que el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta —pieza clave en la operativa del contrabando de combustible— logró huir a Estados Unidos en enero pasado tras eludir un operativo de captura de la FGR en el cruce fronterizo de Matamoros y Brownsville.
Carretero, quien posee doble nacionalidad y es conocido por su faceta como pastor cristiano en Tamaulipas, acumula dos órdenes de aprehensión previas por presunto contrabando de hidrocarburos vinculadas al caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y a una investigación sobre mandarines militares en la aduana de Matamoros. La FGR integró esta tramitación de 139 pedimentos fraudulentos para Portacelis como un tercer expediente en su contra.
Una pipa cargada con 26 mil 119 litros de diésel cruzó la línea fronteriza el 4 de febrero de 2025, por la aduana de Matamoros. El registro quedó asentado como un movimiento ordinario, uno más entre cientos que circulan cada día. Pero ese contenedor tenía algo que lo distinguía del resto: era el primer cargamento de Portacelis Gas and Oil, una empresa tabasqueña fundada medio año antes por el contador de un personaje que, desde hace meses, flotaba en el centro del debate público: Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo íntimo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, los hijos del expresidente López Obrador.
El proveedor de ese primer cargamento también decía mucho. El diésel provenía de Ikon Midstream, una firma asentada en Houston que semanas después quedaría en el centro del mayor escándalo de huachicol fiscal, tras el decomiso de un cargamento de 10 millones de litros de diésel de contrabando que la empresa había introducido en el buque Torn Agnes por el puerto de Ensenada.
Ese embarque en Ensenada se hizo casi a la par de que Hevi Transport LLC —otra firma texana involucrada en el huachicol, que ha compartido domicilio con Ikon— introdujo 20 millones de litros de diésel por Tampico. Los dos decomisos ocurridos simultáneamente a inicios de marzo de 2025, uno en el Pacífico y otro en el Golfo, son los que detonaron el escándalo del huachicol fiscal.
Ikon llevaba años registrando ante las autoridades aduanales que sus envíos correspondían a “aditivos”, “aceites” y “mezclas”, lo cual —según las investigaciones federales— sirvió para enmascarar combustible real y evadir impuestos.
Portacelis Gas and Oil había sido constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, ante el notario Manuel Alejandro Cachón Silva. Así que cuando hizo su primera importación, estaba a dos días de cumplir medio año de vida. El hecho de que una empresa recién creada escogiera como su primer socio a Ikon no podía explicarse por el azar o la casualidad.
Cuando fue creada, los socios de la empresa tabasqueña anotaron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, un contador que nunca había mostrado señales de manejar negocios energéticos, pero que aparecía en numerosos documentos como hombre de todas las confianzas de Amílcar Olán, con quien venía trabajando desde 2018, cuando se desempeñaba como agente de ventas en su tienda de baños y azulejos.
El nombre de Juan Carlos se repetía una y otra vez en actas mercantiles: como administrador en Portacelis Gas and Oil; como comisario en Romedic, la empresa de Amílcar que recibió más de 490 millones de pesos en contratos de medicamentosfinanciados con recursos del Insabi; como accionista mayoritario de Poyago, la ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicamentos y, de esa forma, recibir 20 contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 344 millones de pesos; como titular del órgano de vigilancia en Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, constructora en la que Amílcar es dueño del 90% de las acciones; como socio fundador de Portacelis OC, junto con el abuelo materno de Amílcar, una sociedad que lo colocaba dentro del núcleo familiar del empresario tabasqueño.
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