Inés Gómez Mont enfrentaría hasta 40 años de prisión en México si es entregada por EEUU
Martín Aguilar
La ex presentadora de televisión mexicana, Inés Gómez Mont, fue detenida este viernes en Miami, Florida, en los Estados Unidos luego de permanecer prófuga de la justicia durante varios años por las órdenes de aprehensión:
Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, peculado, por el presunto desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.
Sin embargo, La Fiscalía General de República (FGR) informó que Inés Gómez Mont fue asegurada este viernes en Miami, Florida, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada
“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada", informó la FGR.
En primera instancia, Inés Gómez Mont era acusada por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, vinculadas con el presunto desvío de recursos públicos mediante una red de empresas.
De ser vinculada a proceso y hallada culpable, la exconductora de TV podría enfrentar hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada, además de las sanciones que correspondan por las acusaciones de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
En cambio, para la acusación por defraudación fiscal equiparada, el Código Fiscal de la Federación contempla:
3 meses a 2 años de prisión, si el monto no excede 2 millones 531 mil 920 pesos.
2 a 5 años, si excede esa cifra y no supera 3 millones 797 mil 870 pesos.
3 a 9 años, si el monto es mayor a 3 millones 797 mil 870 pesos.
3 meses a 6 años si el monto no puede determinarse.
Las penas podrían aumentar si la Fiscalía acredita circunstancias agravantes. La orden de aprehensión y el aseguramiento tampoco equivalen a una condena: un juez tendría que resolver su situación jurídica y, eventualmente, imponer una sentencia.
La primera imagen de Inés Gómez Mont detenida por las autoridades de Miami circuló como reguero de pólvora. La autora del libro Ley de fuego enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, y el hermano de este, Alejandro Álvarez Puga.
Desde entonces, los tres se encontraban fugitivos hasta el día que se anunció la captura de Inés Gómez Mont en Estados Unidos tras órdenes de aprehensión interpuestas por la Fiscalía General de la República.
La detención de Gómez Mont abriría dos frentes: el primero sería su estatus migratorio y judicial en Estados Unidos y el segundo consistiría en la petición formal de México para que sea entregada y posteriormente se presenta ante un juez federal quien determinaría su situación jurídica.
La FGR informó en enero del 2022 que inició una carpeta de investigación en noviembre de 2019 contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, además de otras personas y varias empresas por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su detención, la Fiscalía informó “una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada y en las próximas horas darán mayores detalles.
“En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inicio carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada", dice su reporte.
La FGR sostiene que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga encabezaban una presunta red que simulaba operaciones comerciales y usaba facturas falsas para reducir cargas fiscales, ocultar movimientos financieros y lavar dinero. Según la Fiscalía, el esquema involucraba empresas, operadores bancarios y servidores públicos que habrían facilitado contratos irregulares con el sistema penitenciario federal.
La investigación identifica dos contratos con Centros Federales de Readaptación Social por 2950 millones de pesos. Una de las empresas investigadas habría recibido más de 2500 millones de pesos. La Fiscalía informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra los principales implicados; tres personas permanecían recluidas y se emitieron fichas rojas para quienes salieron del país.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”, concluye el boletín de la FGR.
Cabe señalar que la cancelación de la ficha roja de Interpol no eliminó por sí misma una orden emitida por un juez mexicano. La Interpol retiró la ficha roja de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga el 25 de septiembre del 2026, tras un procedimiento promovido por la defensa. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Gobierno de México pediría explicaciones y buscaría reactivarlas.
La Fiscalía General de la República mantiene activa la orden de captura dentro del territorio nacional si México solicita formalmente a Estados Unidos la entrega de Inés Gómez Mont para que enfrente ante un juez las posibles acusaciones.
México tendría que presentar los documentos judiciales necesarios y sustentar la solicitud ante las autoridades de Estados Unidos. La defensa podría impugnar la extradición, cuestionar las condiciones del proceso o promover recursos contra la entrega.
La ausencia de ficha roja complica una detención internacional basada solamente en la alerta de Interpol. No impide que México solicite cooperación judicial o formule una petición de extradición por las vías diplomáticas y penales correspondientes.
Si se activan las órdenes de aprehensión anteriormente señalados, la imputación más grave que enfrentaría Gómez Mont sería delincuencia organizada. Este delito se puede sancionar con penas de 20 a 40 años de prisión, según las circunstancias y la conducta que logre probarse en juicio.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita pueden implicar sanciones de 5 a 15 años de cárcel, además de multas. La Fiscalía tendría que demostrar el origen ilícito de los recursos y la participación individual de cada acusada o acusado.
El expediente también incluye peculado que se relaciona con el presunto desvío de recursos públicos. Las penas varían conforme al monto involucrado, la intervención atribuida y los elementos que se presenten durante el proceso penal.
Si México obtiene su entrega, Inés Gómez Mont sería puesta a disposición de un juez de control. La FGR formularía imputación, solicitaría su vinculación a proceso y expondría los datos con los que busca sostener cada delito.
La exconductora de televisión permanece a disposición de las autoridades estadounidenses, mientras se define si será trasladada al país para responder por la orden de aprehensión de defraudación fiscal equiparada
About The Author
