Ernesto Ruffo Appel obtiene suspensión definitiva contra vinculación a proceso
Martín Aguilar
Un juzgado federal concedió a Ernesto Ruffo Appel la suspensión definitiva en el amparo que el ex gobernador panista de Baja California promovió contra su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, fechada el 29 de octubre de 2026, fue dictada por Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
El acto reclamado por Ruffo Appel es el auto de vinculación a proceso que dictó en julio pasado Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
En el amparo 1085/2026, interpuesto por el ex mandatario bajacaliforniano, se indica que "se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos" por los cuales se le acusa.
En agosto pasado, la jueza Lazalde Iñiguez desechó dos demandas de amparo del ex gobernador, en las cuales había denunciado presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica en el penal del Altiplano.
Como se informó, el pasado 26 de septiembre Ruffo Appel, integrante del consejo consultivo del nuevo partido Somos, salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, y fue trasladado a Ensenada, Baja California, para permanecer en prisión domiciliaria.
Lo anterior, luego de que un juez autorizó el cambio de su medida cautelar debido a su avanzada edad, pues tiene 74 años, y a problemas de salud.
La Fiscalía lo señala como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa presuntamente involucrada en la importación ilegal de gasolina y diésel, con un daño estimado al erario de cuatro mil millones de pesos.
Esta no es la primera protección judicial que obtiene. En septiembre, un tribunal colegiado rechazó una impugnación de la FGR contra otra suspensión, al considerar insuficientes sus argumentos sobre una posible afectación al interés social.
Posteriormente, el expediente quedó a cargo de Lazalde Íñiguez para evitar resoluciones contradictorias. La misma jueza también había concedido al exgobernador una suspensión relacionada con su solicitud de cumplir la prisión preventiva en su domicilio, mientras continúa el procedimiento penal correspondiente.
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