El PJCDMX y la Red Iberoamericana de Política Criminal fortalecen la cooperación internacional por una Justici a Garantista
Martín Aguilar
El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) participó en la inauguración de la Segunda Reunión de la Red Iberoamericana de Política Criminal, donde convocó a fortalecer una política criminal que concilie la eficacia de la justicia con el respeto irrestricto a los derechos humanos y que reconozca la prevención social como un componente fundamental para atender las causas de la delincuencia.
Ante autoridades judiciales, representantes académicos y delegaciones de los capítulos nacionales de la Red, resaltó la presencia de Bertha María Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, con quien refrendó la importancia de la coordinación institucional para fortalecer la procuración e impartición de justicia, la gobernabilidad y la paz social en la capital.
Guerra Álvarez expuso tres principios fundamentales: los derechos humanos como límite a la actuación del Estado; la eficacia y las garantías judiciales como elementos complementarios, y la prevención del delito mediante políticas sociales que amplíen las oportunidades educativas y de desarrollo. Para ilustrar este último punto, retomó la expresión atribuida a Concepción Arenal: “Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”.
El presidente del TSJ subrayó que la cooperación internacional permite compartir experiencias y buenas prácticas frente a fenómenos delictivos que trascienden las fronteras, y reconoció el liderazgo de Nieves Sanz Mulas, presidenta de la Red Iberoamericana de Política Criminal, así como el trabajo del capítulo México.
En su intervención, la fiscal de la CDMX, afirmó que consolidar una justicia garantista requiere transformar las prácticas y fortalecer las capacidades de las fiscalías, más allá de las reformas legales. Destacó la necesidad de invertir en tecnología, servicios periciales, profesionalización y mecanismos de control democrático. Asimismo, explicó que el Plan de Política Criminal de la Fiscalía capitalina contempla tres prioridades: focalizar las investigaciones, dignificar la atención a las personas e incrementar las capacidades institucionales para lograr una persecución penal oportuna y estratégica.
Nicolás Jerónimo Alejo, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México (TDJCDMX), señaló que la eficacia de la política criminal debe medirse por su capacidad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos, no únicamente por la severidad de las sanciones. También subrayó que la independencia judicial y la responsabilidad institucional son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana.
A su vez, Jorge Guerrero Meléndez, presidente del Órgano de Administración Judicial del PJCDMX, sostuvo que una política criminal democrática debe sustentarse en el humanismo, las garantías constitucionales y la cooperación internacional. Destacó la importancia de comprender y prevenir el delito mediante respuestas científicas e interdisciplinarias que incorporen la proporcionalidad y la justicia restaurativa.
Por su parte, Diego Armando Guerrero García, magistrado del TDJCDMX, destacó que el pensamiento de Francisco de Vitoria orienta una política criminal basada en la protección social, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, así como en la igualdad ante la ley y los límites al poder estatal.
Nieves Sanz Mulas recalcó que la Red constituye un espacio indispensable para afrontar de manera coordinada la delincuencia contemporánea. En el marco del quinto centenario de la cátedra de Francisco de Vitoria (1526-2026), llamó a las instituciones y a los juristas iberoamericanos a defender la dignidad humana y las garantías fundamentales frente a los desafíos sociales y humanitarios actuales.
Durante su participación, Carlos Héctor Daza Zaragoza, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Derecho Penal de la UNAM y representante del capítulo México, advirtió sobre los riesgos del punitivismo reactivo y las desigualdades en la aplicación de la justicia. Sostuvo que el garantismo no significa impunidad, sino protección frente a la arbitrariedad, mediante investigaciones científicas, judicaturas independientes y reparación integral del daño.
En el encuentro participaron también Nadia García Yepes, presidenta del capítulo Ecuador de la Red, integrantes del OAJCDMX y magistraturas del TDJCDMX, así como personas juzgadoras del PJCDMX. La Segunda Reunión de la Red Iberoamericana de Política Criminal representa un espacio de diálogo e intercambio de experiencias para impulsar respuestas coordinadas que articulen seguridad, legalidad, prevención y respeto a los derechos humanos.
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