Tras 4 meses, TJACDMX ordena retirar clausura sin fundamentos de plaza en Álvaro Obregón
Martín Aguilar
La Alcaldía Álvaro Obregón mantuvo clausurados durante cuatro meses los restaurantes Izakaya, Peltre y Maviri, ubicados en Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, luego de procedimientos administrativos que sus propietarios consideran irregulares y que atribuyen a actos de hostigamiento por parte de personal de la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Vía Pública. Tras revisar la documentación presentada por los empresarios, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) resolvió a su favor y ordenó retirar definitivamente los sellos de clausura.
La reapertura fue ejecutada por una actuaria del tribunal, luego de que, de acuerdo con los representantes de los negocios, la alcaldía se negara a cumplir las resoluciones que ordenaban levantar la suspensión. José Antonio Alcaras, representante legal de los establecimientos, señaló que los restaurantes generan 370 empleos directos y más de 900 indirectos, entre proveedores, familias de los trabajadores y repartidores. Por ello, los propietarios exigieron al alcalde Javier López Casarín que no vuelva a afectar sus fuentes de trabajo.
“Nosotros respetamos y defendemos la propiedad privada y los negocios, porque estos negocios le dan empleo a muchas personas.. ya sea directa o indirectamente ”, expresó Alcaras,
El representante legal explicó que hace cuatro meses comenzaron las verificaciones administrativas por parte de la alcaldía y es ahí cuando los empresarios consideraron que durante esos procedimientos se incumplieron disposiciones legales y no se respetó el debido proceso, por lo que acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa para presentar la documentación de los negocios y del inmueble.
Entre los documentos entregados se encuentran permisos de funcionamiento, uso de suelo, información de Protección Civil y escrituras, con los que buscaron acreditar la legalidad de los establecimientos y la propiedad del espacio. Alcaras sostuvo que el tribunal revisó tanto las actuaciones de la alcaldía como los documentos de los empresarios y encontró irregularidades en los procedimientos de la autoridad.
“Cuando el tribunal hace un análisis de la alcaldía Álvaro Obregón, identifica las irregularidades y dónde no cumple con la ley”, señaló.
Sin embargo, afirmó que la alcaldía se negó a cumplir las resoluciones, por lo que el propio tribunal tuvo que enviar a una actuaria para ejecutar el levantamiento de la clausura. “La alcaldía se opuso a hacerlo y es la razón por la cual el mismo tribunal mandó a una actuaria”, explicó.
Laura Carrasco, propietaria de la plaza junto con su madre y otras personas, señaló que los problemas con personal de la alcaldía comenzaron antes del cierre de los restaurantes. De acuerdo con su testimonio, trabajadores de la Dirección de Vía Pública les insistían en retirar las macetas y los árboles colocados en la entrada del inmueble, bajo el argumento de que obstruían el paso de los peatones.
Las propietarias respondieron que el espacio donde se encontraban las macetas era privado y que así estaba establecido en los planos y las escrituras del predio. Carrasco aseguró que, aunque entregaron la documentación para demostrarlo, las solicitudes continuaron hasta que finalmente accedieron a retirar las macetas.
La situación escaló semanas después, cuando personal de la alcaldía acudió nuevamente para retirar las estructuras que delimitaban el espacio de la plaza. Carrasco relató que en el operativo participaron alrededor de 100 personas, entre trabajadores y elementos policiales, algunos de ellos armados. Aseguró que quienes llegaron no se identificaron ni presentaron algún documento que explicara el motivo de la intervención.
“La clausura empezó con un movimiento que hicieron de parte de la delegación, sin una representación, porque no traían ni gafete, ni querían identificarse, sin un documento en el que dijeran qué estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo”, relató.
La propietaria sostuvo que durante el operativo les dijeron que ocupaban una zona pública, aunque afirmó que ya habían presentado documentos para demostrar que el espacio correspondía al terreno de la plaza. También denunció que fue agredida físicamente e insultada, además de que fueron destruidos los árboles que llevaban alrededor de ocho años en el lugar.
“Por la fuerza y con violencia, me agredieron físicamente, me insultaron, retiraron las macetas y destruyeron todos los árboles que ya tenían ocho años de estar aquí”, señaló.
La dueña afirmó que cuenta con videos en los que, según dijo, se observa cómo intentó mostrar los documentos del inmueble, pero el personal se negó a recibirlos. Añadió que tampoco recibieron un aviso previo sobre el operativo y que, cuando posteriormente acudieron a recuperar las macetas, les informaron que habían sido tiradas a la basura.
Además agregó que las denuncias han sido una de las pocas vías que han encontrado para buscar una respuesta de las autoridades. También aseguró que el hostigamiento continuó durante los meses posteriores al cierre y que tuvieron que mantenerse pendientes de la plaza para evitar nuevas intervenciones.
“Nosotros sí hemos denunciado porque es la única manera que tenemos de tratar que alguien nos escuche”, manifestó.
Ricardo Urdapilleta Fernández, abogado de las propietarias de la plaza, señaló que están dispuestos a llegar a un acuerdo administrativo con las autoridades, pues su intención es que los negocios puedan trabajar sin temor a nuevas intervenciones y que las familias que dependen de ellos recuperen sus actividades.
“Somos gente de trabajo, somos una economía familiar y representamos economías familiares, y queremos que la gente se active y empiece a trabajar con tranquilidad y sin miedo”, expresó.
Urdapilleta también afirmó que la alcaldía no ha podido defender sus actuaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa y destacó la importancia de que los ciudadanos recurran a esta instancia para hacer valer sus derechos. Asimismo, acusó que durante el conflicto hubo intentos de intimidación contra los funcionarios encargados de ejecutar las resoluciones.
Como ejemplo, recordó que en una primera ocasión, cuando una actuaria acudió a retirar los sellos, presuntamente fue amenazada con ser detenida si cumplía con la resolución.
“La primera vez que vino un actuario a retirar sellos, la alcaldía mandó un ejército de policías y de golpeadores a decirle: ‘Si usted quita sus sellos, la vamos a llevar detenida’. Y el día de hoy no sucedió”, relató.
El abogado sostuvo que, después de que comenzaron a presentar denuncias contra funcionarios, disminuyeron los actos de hostigamiento y las agresiones. También adelantó que buscará presentar una denuncia por las afirmaciones que, dijo, se han hecho sobre la familia propietaria de la plaza.
La clausura impactó a las personas que trabajaban en los restaurantes. Un mesero de Peltre relató que el día del cierre se encontraban laborando cuando llegaron personas que les informaron que suspenderían las actividades del establecimiento, pese a que anteriormente ya habían realizado revisiones en las que, según recordó, les habían dicho que todo estaba en orden.
“Ya habían venido anteriormente dos veces, pero habían revisado las instalaciones y todo estaba en orden, porque ellos dijeron que estaba en orden. Y ya de repente un día llegaron y dijeron: ‘No, pues es que ya los vamos a clausurar’”, recordó.
El empleado señaló que antes de la clausura alrededor de 40 personas trabajaban en el restaurante y estimó que, con la reapertura, podrían regresar aproximadamente 12. Explicó que algunos trabajadores fueron reubicados en otros establecimientos de la empresa, en zonas como Coyoacán, Miguel Ángel y Santa Fe.
“Nos siguieron apoyando. Algunos nos reubicaron y nos dieron la facilidad de las cercanías por acá, por Coyoacán, Miguel Ángel; a Santa Fe, que está lejos, pero son como las más aledañas”, comentó.
Los propietarios señalaron que durante los cuatro meses de cierre también tuvieron que mantener vigilancia constante en la plaza ante el temor de nuevas intervenciones. Carrasco afirmó que el inmueble no se ha quedado solo y que han contado con personal de seguridad durante la mañana, la tarde y la noche.
Tras el retiro de los sellos ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, los restaurantes podrán retomar sus actividades. Los propietarios exigieron al alcalde Javier López Casarín que respete sus fuentes de trabajo y que no vuelvan a ser objeto de clausuras que, sostienen, carecen de justificación.
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