Aprueba Congreso de CDMX prevenir el lucro con el agua potable
Martín Aguilar
Diputados del Congreso de CDMX aprobaron por 56 votos a favor, 0 en contra y cuatro abstenciones, reformas al Código Penal de la capital para imponer sanciones a quienes con fines de lucro impidan, obstaculicen o condicionen indebidamente el acceso al agua potable.
El dictamen de las iniciativas presentadas por las legisladoras de Morena, Xóchitl Bravo y Adriana Espinoza de los Monteros, así como de la panista Olivia Garza, quienes coincidieron en garantizar así el acceso al agua.
Miguel Ángel Macedo Escartín, legislador de la bancada mayoritaria y quien también presentó una propuesta sobre este tema, pidió a los legisladores votar a favor del documento, por medio del cual se reforman los artículos 237 y 238 del Código Penal local, y con ello el Congreso de la Ciudad de México mande un mensaje firme de que el agua no se utilice para beneficio personal, económico o político.
El diputado informó que el objetivo de las modificaciones es aplicar sanciones a quienes impidan, obstaculicen o condicionen de manera indebida con fines de lucro el acceso al agua potable, ya sea por medio de exigencia de pagos, dádivas o cualquier tipo de contraprestación, impongan condiciones ajenas a un servicio público o realicen actos de coacción y abuso que restrinjan injustificadamente el acceso al agua.
La diputada de Acción Nacional, Olivia Garza de los Santos explicó que el objetivo del dictamen es dar a las autoridades herramientas legales para que combatan el despojo de agua y reconocer que la extracción ilegal, manipulación de la infraestructura hidráulica y el aprovechamiento indebido del recurso no se traten solo como faltas administrativas o conductas dispersas dentro de distintos ordenamientos.
La legisladora precisó que quien convierta la necesidad de las personas en un negocio ilegal enfrentará sanciones de hasta 12 años de prisión, multas de hasta 234 mil pesos y si son servidores públicos los destituyen e inhabilitan para ejercer su cargo público o comisión.
Agregó que cuando alguien perfora una línea, desvía el suministro, condiciona el acceso o utiliza el líquido vital para obtener beneficios económicos o políticos, no solamente afecta una red hídrica, sino también el acceso de miles de personas a un servicio indispensable.
Otra promovente de una iniciativa, Adriana Espinoza de los Monteros, opinó que la reforma no es simbólica, sino que es una respuesta normativa concreta a un problema real y cotidiano y advirtió: el agua no es botín, no es instrumento de control político y mucho menos una mercancía ilegal. Es un derecho y, como tal, su protección es una obligación del Estado.
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