Sobre la nueva Ley de Rentas Justas las rentas no podrán subir más que la inflación, propone iniciativa de Cl ara Brugada
Rebeca Marín
La renta de vivienda no podrá aumentar por encima de la inflación y los propietarios sólo podrán exigir una garantía para celebrar un contrato de arrendamiento, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Arrendamiento Inquilinario y Rentas Justas, Razonables y Asequibles presentada por el Gobierno de la Ciudad de México ante el Congreso local.
La propuesta también contempla crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias que ofrezca asesoría y representación jurídica gratuita a arrendadores e inquilinos, establecer un registro digital de contratos, ampliar la oferta de vivienda asequible y conformar un gabinete de acompañamiento social para las familias que enfrenten un desalojo.
Al presentar los alcances de la iniciativa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que alrededor de 30 por ciento de las familias capitalinas renta una vivienda y que más de dos millones de personas habitan inmuebles bajo esta modalidad. Además, sostuvo que el número de personas arrendatarias creció 54 por ciento en los últimos 15 años.
La mandataria agregó que, durante las últimas dos décadas, el precio de la vivienda se multiplicó por cinco en la capital, mientras que en las alcaldías centrales más de 40 por ciento de los inmuebles son rentados. En los hogares de menores ingresos, el pago de alquiler puede representar hasta 40 por ciento de sus recursos.
Ante este panorama, afirmó que la regulación busca evitar que el encarecimiento de la vivienda profundice las desigualdades y obligue a las familias a abandonar las colonias donde han construido sus redes de vida.
“Las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas”, expresó.
Brugada aclaró que la propuesta no contempla congelar las rentas ni atentar contra la propiedad privada.
El objetivo, dijo, es hacer efectivo el límite a los incrementos anuales conforme a la inflación, disposición que ya existe en el Código Civil capitalino, pero cuyo cumplimiento, consideró, requiere mecanismos adicionales.
“No hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley”, enfatizó, al llamar al Congreso a abrir un parlamento abierto para discutir el proyecto y escuchar las propuestas de los distintos sectores.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó que las estimaciones del mercado ubican las rentas promedio entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y el tipo de inmueble.
Estos montos, señaló, rebasan el parámetro de asequibilidad de ONU-Hábitat, que establece que una familia no debería destinar más de 30 por ciento de sus ingresos a la vivienda.
El funcionario indicó que en la ciudad existen alrededor de 813 mil viviendas en renta y que la encuesta intercensal de 2025 registra, además, 153 mil familias que habitan viviendas rentadas o prestadas.
La iniciativa establece contratos de arrendamiento con una duración mínima de un año y la creación de un registro digital con protección de datos personales. Si el propietario no registra el contrato, la persona inquilina podrá hacerlo.
También limita a una garantía de cumplimiento los requisitos exigibles para acceder a una vivienda, además del depósito previsto en el Código Civil, con la intención de reducir las barreras de acceso al alquiler.
La propuesta prohíbe la discriminación por origen étnico, género, edad u orientación sexual, y reconoce el derecho de las personas a vivir con niñas, niños y animales de compañía.
A cambio, los inquilinos deberán pagar la renta, conservar el inmueble, destinarlo al uso convenido y abstenerse de realizar modificaciones estructurales sin autorización. Los propietarios, por su parte, tendrán que mantener la vivienda en buenas condiciones, registrar el contrato y devolver el depósito conforme a lo pactado.
La iniciativa contempla sanciones por incumplimientos, incluidos los aumentos ilegales de renta y los daños ocasionados a los inmuebles.
Inti Muñoz sostuvo que la regulación busca dar certidumbre a ambas partes y favorecer contratos estables.
“La propuesta, por tanto, no congela las rentas ni fija un precio único; busca que existan reglas claras y que esas reglas se cumplan”, afirmó.
La Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que estaría adscrita a la Procuraduría Social, brindaría orientación, mediación, conciliación y patrocinio jurídico gratuito para atender controversias entre arrendadores y arrendatarios.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que la instancia buscará resolver diferencias mediante mecanismos accesibles y confidenciales, sin necesidad de que todos los conflictos escalen a procesos judiciales.
La propuesta también contempla la creación de un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, coordinado por la Secretaría de Gobierno e integrado por dependencias capitalinas relacionadas con vivienda, bienestar, seguridad, protección civil y atención a grupos vulnerables.
El secretario de Gobierno, César Cravioto explicó que el mecanismo intervendrá cuando exista una resolución judicial para desocupar un inmueble destinado exclusivamente a vivienda. Su función será identificar situaciones de riesgo, acompañar a las personas durante la diligencia y canalizarlas a servicios sociales y alternativas habitacionales.
Precisó que el gabinete no modificará ni interferirá en las decisiones judiciales, sino que procurará que los procedimientos se realicen de manera pacífica y con respeto a los derechos humanos.
También se prevé capacitar en derechos humanos e igualdad sustantiva al personal que participe en labores de carga, traslado y resguardo de pertenencias, así como apoyar a personas vulnerables con el traslado o almacenamiento de sus bienes.
“Queremos que se acaben esos desalojos, donde llegan golpeadores en lugar de cargadores”, sostuvo Brugada, quien afirmó que el gobierno buscará anticiparse a los casos en que una familia pueda quedar en situación de calle.
En materia de oferta habitacional, la iniciativa plantea ampliar la vivienda pública, impulsar inmuebles destinados a renta social y facilitar la participación privada en la construcción de opciones asequibles. Asimismo, contempla apoyos para propietarios que celebren contratos multianuales.
El secretario de Vivienda recordó que el gobierno capitalino tiene la meta de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, de las cuales 80 mil corresponderán a viviendas nuevas y 120 mil a mejoramientos y ampliaciones.
Además, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó que la propuesta incorpora una definición jurídica de gentrificación, entendida como un proceso de exclusión en el que residentes de menores recursos y pequeños negocios con arraigo comunitario son desplazados por habitantes con mayor capacidad económica y nuevas actividades comerciales.
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, agregó que la regulación busca atender especialmente a las personas jóvenes, que representan la mayoría de quienes rentan vivienda.
La iniciativa, que forma parte de las acciones derivadas del Bando 1 impulsado en 2025, permanece en análisis en el Congreso de la Ciudad de México, donde el gobierno capitalino solicitó abrir la discusión a la participación pública.
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